El paquete de medidas impulsadas por el Gobierno central para achicar la brecha de género forzará a 320 empresas de la región a arrancar planes de igualdad y someterse a auditorías salariales para acreditar que no discrimina a sus trabajadores en función de si se trata de hombre o mujer. Aquellas en las que la auditoría aflore un desequilibrio, deberán arrancar además mecanismos para corregirlos, según recogen los dos decretos que se han aprobado para desarrollar el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de ocasiones entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación (el mismo que ampliaba el permiso de paternidad). El avance de esta normativa se ha retrasado más de un año y en este momento se implantará de forma progresiva en función del tamaño de las compañías. Eso supone que no todas y cada una van a tener la obligación de contar ya con un plan de igualdad.

El calendario que se ha definido piensa que ahora deberán comenzar los trámites (en un plazo máximo de tres meses) las compañías con más de 250 trabajadores, que son alrededor de medio centenar en la región. Desde el mes próximo de marzo, será demás obligatorio para las compañías con más de 100 trabajadores y todas y cada una deberán tenerlos ya en marcha en el horizonte de 2022. Y no solo eso, junto a los proyectos de igualdad, todas estas empresas estarán obligadas a arrancar unas auditorias salariales en las que recojan las retribuciones íntegras de toda la plantilla, con su puesto y categoría profesional, distinguiendo entre hombres y mujeres. Si como consecuencia de esa auditoría se detectaran además algún género de desequilibrio, las empresas deberían poner en marcha un plan de medidas correctoras para solventar la situación.

«Hablamos de detallar mecanismos que lleven a la igualdad y ente ellos está acabar con la brecha salarial y utilizar medidas que aseguren la igualdad de ingreso en una fase de ascenso o de promoción», defiende la secretaria de igualad de UGT, María José Ladera. Y en esa batería de proposiciones existen algunas también de obligación cumplimiento para que la pelea en frente de la brecha de género se extienda a todos y cada uno de los negocios, independientemente de su tamaño. Es lo que ocurre con la nueva obligación de que todas las compañías cuenten con un registro retributivo de toda la plantilla y en el que se «va a deber integrar los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo», según recopila el decreto.

«Que cale en el empresariado»

«Estos decretos son una utilidad legislativa más, mas en este momento queda que cale en el empresariado y que no sea únicamente una herramienta con la que evadir una sanción», advierte Lourdes Núñez, asesora de Igualdad de CCOO que celebra el espíritu de este avance normativo puesto que «invierte la carga de la prueba». «Cuando ahora un individuo denuncie una discriminación no debe mostrar la desigualdad, sino es la empresa la que debe acreditar que no existe esa desigualdad», razona. Precisamente CCOO puso en marcha una página en coordinación con el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) que monitoriza la implantación de los planes de igualdad. Hoy en dia hay 32 empresas y organismos públicos, la mayoría con más de 250 trabajadores.

Desde la patronal recuerdan que los decretos no tiene el respaldo del empresariado puesto que la negociación se cerró sin acuerdo. Aparte consideran que son «excesivamente garantistas» y, tal y como están planteados «Supondrán una carga burocrática que va a lastrar la productividad de las compañías. No tenemos la posibilidad de seguir soportando todo cuanto nos echen» reclama Francisco Javier Peinado. «Estamos comprometidos con la igualdad plena y eficaz y con eliminar la brecha salarial. Pero hay un componente social que es indiferente a la compañía y está relacionado con los roles que aceptamos en todos y cada caso. Esa cuestión hay que abordarla también. Abordar el inconveniente solo desde la perspectiva empresarial es un error», apunta.






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