La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, ha podido confirmar este miércoles que el Estado continuará todavía durante numerosos años en la entidad que brotará de la fusión por absorción de Bankia de parte de CaixaBank. «Tenemos que reevaluar el plan de desinversión en función de las nuevas circunstancias y chances para tomar las elecciones oportunas en los próximos meses y años«, ha asegurado frente a la comisión de asuntos económicos del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy nacionalizó Bankia en 2012 y el Estado todavía guarda una participación del 61,823% en la entidad gracias a los 24.069 millones de euros en capital público inyectados en el conjunto. Calviño ha sostenido que la fusión permitirá subir las proporciones recuperables vía dividendos y venta de las acciones del nuevo banco, del que el sector público poseerá el 16,1%. Con todo, ha asegurado que la operación no se ha aprobado desde la «óptica de la desinversión inmediata» y que «no es momento de fijarse datas» de venta, debido a que ello dañaría a la reintegración de las ayudas.

Casi todos los grupos parlamentarios se enseñaron incondicionales de la fusión, mas la mayor parte han mostrado sus miedos por el efecto en el empleo (han recordado que se especula con la reducción de hasta 8.000 cargos laborales), así como por la viable exclusión financiera de pequeños municipios que puedan quedarse sin sucursal. Además, ciertos como el PNV y Ciudadanos han dado por sentado que no se van a poder recobrar todas y cada una de las ayudas inyectadas al grupo BFA-Bankia, del que por ahora las arcas públicas solo han recibido 346 millones de euros.

Alta rivalidad

Calviño ha defendido que hay una «alta rivalidad» en el sector financiero español, acentuada por la entrada de nuevos jugadores digitales, y ha recordado que se encuentra dentro de los mercados más «altamente regulados». De igual modo, ha subrayado que CaixaBank como Bankia tienen vivencia en ajustar su plantilla de manera acordada con los sindicatos y, en términos más general, ha pedido a la banca que busque «elecciones que cuiden el capital humano en un proceso (de recorte de empleo) que tiene que generarse, pero de manera edificante».

«Nos encontramos en un momento excepcional en el que no llevar a cabo nada no es una opción», ha asegurado la vicepresidenta para justificar el apoyo del Gobierno a la fusión CaixaBank-Bankia. De igual modo, ha aprovechado la ocasión para admitir que no va a dar el pistoletazo de salida a la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero este año como tenía sosprechado, más allá de que ha asegurado que espera impulsarla «a principios del próximo año».






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