La Fiscalía Anticorrupción ha acusado recibo en la mañana de este lunes de una demanda e investigación contra el dueño de la naviera Armas, Antonio Armas Curbelo, y distintos directivos de Trasmediterránea, absorbida por la previo, por supuestos delitos de quiebra fraudulenta, quebranto familiar, estafa, insolvencia punible, falsedad en archivo público y fraude a Hacienda y la Seguridad Popular, entre otros.

Ha interpuesto la denuncia el capitán de marina mercante retirado Rafael Roselló, que en su escrito anunciado a la Fiscalía pide que se investigue una supuesta «venta falsa» de la compañía de transporte marítimo de parte de Activa, su previo propietaria, a la naviera canaria. El escrito pide que «se proceda al embargo preventivo de todos los recursos de todas las sociedades y patrimonio personal» de Armas Curbelo, y que se cree «una gestora para intervenir legalmente a la Compañía Trasmediterránea-Armas con el objetivo de considerar la situación y hacer una auditoría, antes de permitir que sea pasto de otros navieros para comenzar un nuevo episodio de fuga hacia adelante ocultando sus deudas.

En opinión del denunciante, Trasmediterránea fué sometida a un vaciamiento patrimonial «antes de pedir un salve de 100 millones de euros». Se refiere a informaciones publicadas sobre la creación, en el primer mes del verano pasado, de una sociedad paralela a la naviera, con el nombre de Armas Trasmediterránea Factoring, a la que se habría traspasado la propiedad de distintos activos, entre el buque Ciudad de Palma.

Este ferry fue parado por orden judicial el pasado 25 de noviembre a su llegada al puerto de Barcelona, por ser objeto de un embargo preventivo gracias a una deuda de 700.000 euros que demanda una pequeña firma de instalaciones de comunicaciones y también informática. Un par de semanas antes, fue asimismo sometido a embargo preventivo el veterano ferry J.J. Sister en el puerto de Almería, asimismo por deudas impagadas.

Años de demandas

El denunciante, Rafael Roselló Cuervas-Mons, operó en aguas canarias a lo largo de la mayor parte de su trayectoria, y es hijo de un obsoleto capitán de buque que trabajó para Trasmediterránea antes de que fuera privatizada y conseguida, en 2002, por Activa.

Anteriores a la denuncia presentada este viernes, Roselló ha enviado desde 2017 escritos de advertencia sobre la situación financiera de Trasmediterránea a, entre otros, el ministro de Promuevo, los presidentes de Puertos del Estado y de la CNMC, y a dirigentes de diversos partidos.

En el primer mes del año de 2018, el fiscal superior Jesús Caballero reenvió a la Fiscalía Anticorrupción otra denuncia anterior de Roselló, donde advertía de «un proyecto de quiebra en un medio plazo y vaciamiento patrimonial». Hasta el momento, el denunciante no ha recibido aviso alguno del inicio de investigaciones del ministerio fiscal sobre los hechos que demanda.

En la compañía, todos y cada uno de los tripulantes esperan la llegada de su nómina. Un aviso interno les emplaza al próximo día 7 para cobrar, reportan fuentes de la naviera.






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