El expresidente peruano Manuel Merino fue denunciado penalmente adjuntado con su presidente, Ántero Flores-Aráoz, y ministro del Interior Gastón Rodríguez, los dos aún en funciones, tal como a los amos de la Policía Nacional por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones.

La demanda «por graves violaciones a los derechos humanos» fue presentada frente a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, una vez que dos jóvenes murieran y incontables personas fuesen heridas durante las protestas que tuvieron lugar la última semana en Lima contra el gobierno de Merino.

En el documento, anunciado por ocho organizaciones de derechos humanos, se tiene dentro al director general de la Policía Nacional, Orlando Velasco, y al jefe de la región policial Lima, Jorge Cayas, debido a que la policía reprimió fuertemente las tumultarias protestas que comenzaron el pasado miércoles en Lima.

Represión excesiva

La demanda señala que, además de la represión a los manifestantes, los agentes antidisturbios también atacaron a los miembros de la prensa con impactos directos al cuerpo de bombas lacrimógenas y perdigones.

Añade que tras la muerte de los estudiantes universitarios Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años, el general Cayas declaró que el empleo de perdigones era un «hecho aislado».

Los organismos solicitaron, por ese motivo, que se empiece una investigación penal a los comprendidos en la demanda, dado que además hay numerosas personas lesiones y mujeres que fueron agredidas sexualmente tras ser detenidas.

Investigación fiscal

La Fiscalía de Perú ahora anunció este domingo que investiga las muertes de Pintado y Sotelo en el contexto de «grave violaciones a los derechos humanos».

Sotelo fue impactado con cuatro disparos de perdigones, uno de ellos en el corazón, en tanto que Pintado recibió diez perdigones de plomo en el cráneo, cara, cuello, brazo y tórax, según la necropsia.

Una investigación por violación a los derechos humanos en Perú abre la posibilidad de que un fiscal denuncie una «cadena de mando» en la represión que ocasionó las muertes, que puede llegar hasta el propio presidente, sus ministros y los amos policiales, además de a los ejecutores directos.

Condena de la CIDH

La durísima represión lanzada por la policía fue condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exigió «investigar rápidamente los hechos y establecer responsabilidades».

El organismo también advirtió «que no se cuenta con información precisa» sobre el total de heridos y que tampoco se conocía el número de detenidos en la día, por lo que se sumó al llamado de la Defensoría del Pueblo peruana para que se ofrezca esa lista.

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