La moratoria aprobada por el Gobierno en abril para los concursos de acreedores (el procedimiento que abarca las situaciones de quiebra y suspensión de pago de las empresas) vence el próximo enero y el Banco de España cree que no es buena iniciativa ampliarla. Así lo ha defendido este viernes en un informe en el que advierte que su prorroga podría ocasionar la supervivencia de empresas inviables o bien «zombies» que juzga conveniente que desaparezcan. 

«Sería conveniente considerar cuidadosamente una viable prolongación de la moratoria concursal más allá de finales de 2020, dado que esto podría exacerbar el problema: las compañías imposibles seguirían en el mercado, con cómputos poco a poco más estropeados, y se acumularían las situaciones de insolvencia, que se habrían de solucionar cuando al final se alzara la moratoria», ha argumentado la institución regida por Pablo Hernández de Cos. 

El Ejecutivo suspendió en el mes de abril la obligación de las empresas de solicitar el concurso popular como voluntario hasta el 31 de diciembre. Comunmente están obligadas a pedirlo en los un par de meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o sueldos. También se impidió a sus acreedores reclamarlo (concurso primordial) hasta la misma fecha. La medida es semejante a la adoptada en Alemania, República Checa, Luxemburgo, Portugal y Francia.

Precisa por un tiempo

La meta de la iniciativa, apunta el Banco de España, es evadir que compañias con «indispensables pérdidas y déficits de financiación a corto plazo» a consecuencia de la pandemia «puedan llegar a ser liquidadas en momentos de extrema incertidumbre económica, en los que es bien difícil discernir entre empresas viables y también imposibles». El número de concursos, en verdad, ha bajado notablemente (no han desaparecido porque las empresas no tienen la obligación de solicitarlos, pero sí el derecho de hacerlo). Entre enero y septiembre, se han registrado 4.290, un 21% menos que en exactamente el mismo periodo del 2018, lo que «ha eludido una avalancha de solicitudes concursales que habría colapsado los Juzgados de lo Mercantil», reconoce el organismo.

Con todo, la institución cree que no conviene prorrogar la medida. «Si se prolonga en el tiempo, puede contribuir a una mayor tasa de supervivencia de compañias inviables, que, en sepa de determinadas medidas de sostenimiento financiero -refinanciaciones bancarias o nuevo crédito de sus contrapartes establecidos-, desaparecerían en un breve período. En la literatura económica, a estas empresas se las denomina con frecuencia ‘compañias zombis’. Existe prueba de que este fenómeno disminuye los beneficios del resto de las empresas, decrece la inversión y el desarrollo del empleo, desincentiva la entrada de novedosas sociedades y provoca una mala asignación de los recursos productivos y pérdidas de productividad», ha argumentado.

A corto y film plazo

Si se prosigue su consejo, el Banco de España admite que desde enero se generará un «repunte significativo» de las peticiones de concursos que considera primordial. «La facilidad con la que se congestionan los Juzgados de lo Mercantil ponen de manifiesto la relevancia de investigar probables resoluciones que fomenten la reestructuración de las deudas de empresas insolventes pero viables a medio plazo, faciliten la liquidación de empresas inviables y reduzcan la duración de los métodos concursales para evadir la depreciación de los activos empresariales y aumentar las tasas de recuperación del crédito por parte de los acreedores», añade.

El organismo, así, propone en un corto plazo fomentar la utilización de métodos preconcursales, como los pactos de refinanciación de deudas y los acuerdos extrajudiciales de pagos para personas físicas y empresas pequeñas. Estos últimos, ha lamentado, no son muy usados y se podrían incitar si los acreedores públicos, como Hacienda y la Seguridad Social, aceptan quitas superiores que los privados bajo ciertas circunstancias, como ha sugerido recientemente el Fondo Capital Internacional (FMI).   

A largo plazo, ha propuesto remarcar los juzgados de lo mercantil; involucrar a los acreedores públicos y acortar y suavizar los planes de pagos en los concursos personales de autónomos y pequeños hombres de negocios; y diseñar mecanismos concursales específicos para microempresas y para autónomos más ágiles y menos costosos que el procedimiento concursal propio de compañias de más grande tamaño.






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