Los bancos van a poder regresar a abonar dividendos a sus inversionistas desde el año próximo, pero no todos ni tanto como les gustaría. El Banco Central Europeo (BCE) ha levantado este martes la recomendación -prohibición, en la práctica– vigente desde marzo de que las entidades financieras de la región euro no remuneren a sus dueños, pero, como adelantó EL PERIÓDICO hace tres semanas, lo ha hecho de manera parcial y limitada: solo podrán repartir la cantidad más baja entre el 0,2% de su capital y el 15% de su beneficio juntado del periodo 2019-2020 (lo habitual antes de la crisis era entre el 40% y el 50%) los bancos que argumenten al supervisor que son lo suficientemente solventes como para permitírselo.

La Junta Única de Supervisión del BCE, así, ha instado a las entidades a ser «extremadamente reservados con los dividendos y la recompra de acciones» (otra forma de premiar al accionista, debido a que eleva el valor del resto de títulos). Por esto, les ha pedido que «tomen en cuenta» no realizar los pagos a sus dueños o bien «limitar» dichos pagos hasta el 30 de septiembre del 2021. Las entidades que tengan la intención de abonarlos, ha destacado, deberán «ser rentables y tener trayectorias de capital sólidas» y habrán de comunicárselo a los equipos de inspección del BCE encargados de las mismas, que determinarán «si el nivel de distribución previsto es prudente».

Los bancos, además, no podrán distribuir dividendos adelantados con cargo al resultado del 2021. Al cierre del septiembre del año que viene, y «en ausencia de hechos materialmente desfavorables», el BCE tiene la intención de «derogar la recomendación» y volver a evaluar los planes de capital y dividendos de los bancos según las prácticas comunes de supervisión. Hasta esa fecha, ha subrayado el organismo, también sigue vigente la recomendación de «extrema moderación» en la remuneración variable de los banqueros, un punto que la institución «evaluará de cerca».

Presión en todo el mundo

En el seno del BCE ha habido división de críticas sobre de qué forma actuar, pero se ha impuesto la opción de una restauración limitada de los dividendos, sobre todo después de que el Banco de Inglaterra anunciara la semana pasada que iba a dejar a sus entidades abonar a sus accionistas hasta el 25% de su beneficio o el 0,2% de sus activos ponderados por compromiso. La Reserva Federal estadounidense limitó los pagos mas no los llegó a prohibir totalmente y otros bancos centrales como los de Canadá y Australia han comunicado su intención de permitir a sus bancos retomarlos, con lo que las entidades del euro corrían el riesgo de verse discriminadas.

Por contra, el Fondo Capital Internacional (FMI) y el Comité de Basilea han letrado en las últimas semanas por mantener las limitaciones. Por su parte, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, lleva tiempo advirtiendo a los bancos del país que, más allá de que se levante el veto implícito, su política de distribución de dividendos «va a deber proseguir siendo muy sensato».

Bancos españoles

Ahora está por ver si a los bancos españoles se les deja o no retribuir a sus inversionistas. El sector es el que menos capital tiene de la banca europea, como volvió a quedar en evidencia el pasado viernes en el ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés). Las 12 entidades españolas bajo supervisión del BCE tienen extensos colchones de capital sobre los requisitos individualizados impuestos a cada uno de ellos, pero unos más que otros.

La lista la configuran Kutxabank (932 puntos básicos: 17,52% de capital en frente de una exigencia del 8,2%), Unicaja (755), Bankia (641), Liberbank (590), CaixaBank (458), Abanca (455), Ibercaja (450), Bankinter (427), Cajamar (356), Sabadell (348), Santander (312) y BBVA (293, mas que ganará otros 300 en el momento en que cierre la venta de su filial estadounidense). Ello no implica necesariamente que los primeros tengan más posibilidades de realizar los pagos dividendos que los últimos porque otros componentes asimismo juegan un papel fundamental: la capacidad de producir capital reteniendo beneficios, la de absorber el previsto aumento de la morosidad con los desenlaces, y el nivel de provisiones actual para afrontar futuras pérdidas por impagos y devaluaciones de activos.

Medida anticovid

Tras el estallido de la pandemia, los primordiales organismos supervisores de todo el mundo aconsejaron (un eufemismo por razones legales) a las entidades que no remunerasen a sus dueños para que tuviesen una parte mayor del beneficio utilizable para remarcar su capital. Con ello procuran un doble propósito: que los bancos puedan otorgar más créditos (la normativa obliga a reservar una cantidad de capital por cada préstamo concedido) y, sobre todo, que estén más listos para el futuro incremento de los impagos y devaluaciones de activos que va a ocasionar la crisis del coronavirus (estas pérdidas se cargan contra capital una vez agotadas las provisiones).

Como efecto adverso, la idea ha contribuido a hundir aún más las por sí maltrechas cotizaciones bursátiles de los bancos, lo que ha provocado amargos lamentos de parte de sus gestores. En un sector ya penalizado por la escasa rentabilidad causada por las clases de interés oficiales en mínimos históricos, la sepa de dividendos ha ahuyentado aún más a los inversores. Los banqueros han alertado de que ello puede ocasionar que no logren captar capital en el mercado si lo requieren o se les ofrezca a un precio prohibitivo, con el consiguiente efecto negativo en la concesión de préstamos.






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