El Síndic ha vuelto a enviar una nueva carta a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, como continuación de las cartas que ya le envió con fechas15 de julio y 16 de septiembre, en el que solicita información sobre la gestión de la Residencia El Cuartillo de Cáceres (Asistida) durante la primera ola de la pandemia. Dicha solicitud cambia de lenguaje porque advierte al ejecutivo regional que «la ausencia de respuesta a esta última solicitud sería expresiva de unafalta de colaboraciónde la Administración para cumplir con el deber legal que impone la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo ”.

De hecho, esta institución nacional lleva meses esperando una respuesta del Ministerio de Salud, a la solicitud realizada en representación de la Asociación de Víctimas Asistidas de Cáceres, integrada por familiares de los fallecidos y residentes del centro. El Defensor del Pueblo recuerda a la Junta la«Deber imperdonable de colaboración»y advierte en esta última carta que una nueva actitud de silencio por parte de Salud, “daría lugar a los efectos previstos en la misma ley, incluida lainforme correspondiente a las Cortes GeneralesYdeclarando tal actitud hostil y perturbadora, según lo dispuesto en los artículos 18.2 y 24.1 «.

En concreto, el Defensor del Pueblo ha solicitado documentación sobre los procesos que ha aplicado la residencia Cáceres para frenar las infecciones, las protecciones utilizadas y las medidas de aislamiento que se han llevado a cabo. Cuando el Ministerio de Salud le envíe esta información, la analizará y decidirá si las denuncias de los familiares están suficientemente fundamentadas para continuar con el trámite.

Por su parte, los familiares afirman que, según sus datos, ya han fallecido en el centro 107 personas mayores tanto por el covid como por sus consecuencias hasta principios de octubre. Además del amparo solicitado a la Defensoría del Pueblo, también han presentado unDenuncia criminalante el tribunal, porhomicidio imprudente. Insisten en que solo quieren saber «la verdad» de la gestión que se ha realizado durante la pandemia.


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