El Estado financiará con cargo a deuda pública una parte de la indemnización de 1.350,729 millones de euros al Santander, CaixaBank y Bankia fijada por el Tribunal Supremo por la cancelación del almacén de gas Castor frente a las costas de Castellón.

Para proceder a este pago, frente al «elevado importe» y las «necesidades» del Estado por el covid-19, se concede una ampliación del crédito por importe de 638 millones de euros «al no disponer» el Fondo de Contingencia de «elementos suficientes» para financiarlo.

Esta ampliación de crédito, apunta el BOE, se financiará con cargo a deuda pública y se ampliará hasta el importe total de la sentencia, financiándose su importe con baja en otros créditos del presupuesto del Estado.

La ejecución de la citada sentencia se hará por el Ministerio de Hacienda al que, para lograr seguir al pago de exactamente la misma, se le concede la ampliación del crédito designado al pago de sentencias de responsabilidad familiar del Estado legislador.

En Prominente Tribunal estimó relativamente en su sentencia del pasado octubre el recurso de las tres entidades citadas, que en el mes de abril de 2018 presentaron frente al Ejecutivo una reclamación de responsabilidad del Estado legislador.

En su reclamación, instaban a la devolución del dinero aportado para indemnizar a la exconcesionaria de Castor por la paralización del almacén de gas.

El Supremo reconoció el derecho del Santander, CaixaBank y Bankia a ser indemnizados por el Estado con 1.350,729 millones, cuantía que las tres entidades adelantaron a Enagás para hacer más simple el cierre del almacén submarino de gas Castor.

A la citada indemnización se agregan los intereses compensatorios desde la fecha de la presentación de la reclamación hasta hoy de notificación de la sentencia, sin perjuicio de los intereses legales que pudieran corresponder a partir de la citada notificación de conformidad con la normativa vigente, indica el BOE.






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