Un campo de fútbol ocupa casi una hectárea. Si se apilaran en fila 54.000 estadios, en orden uno detrás de otro, no alcanzaría para calcular el efecto que ha tenido el fuego en Cáceres en la última década. Desde el año 2010 en la provincia cacereña han ardido 45.000 hectáreas en incendios forestales.
Según las estadísticas que maneja el Ministerio de Agricultura,Pesca y Nutrición (Mapama) en sus reportes anuales sobre incendios forestales en el país, de 2010 a 2020 se han producido en Cáceres 5.634 fuegos de los 8.177 que se han producido en Extremadura, o sea, que seis de cada diez siniestros relacionados con el fuego en la región han tenido lugar en la provincia cacereña. En cuanto a la masa forestal carbonizada, representa el 90% de toda la superficie quemada puesto que desde 2010 ardieron en ambas provincias 49.105 hectáreas.

En el desglose por años, 2012 fue el año con más número de incendios, 871, y 2017 (611), años en los que a nivel regional se superó el millar de siniestros en ambas provincias. En todo el país en estos 2 ejercicios se sobrepasó la cifra de 14.000 y 13.000 fuegos, ámbas campañas más devastadoras con cantidades próximas a 200.000 hectáreas calcinadas en la península. Al contrario, 2020 es el año con menor número de fuegos de la década con 340, un dato que sitúa a la provincia a escenarios de 2016 (348). No obstante, este descenso del número de incendios respecto a los datos de 2017 (611) es inversamente proporcional al número de hectáreas calcinadas, debido a que solo en estos últimos 12 meses han ardido prácticamente exactamente las mismas hectáreas que en los tres años anteriores (6.990) frente a las 8.837 de 2017 a 2019.

En cuanto a los grandes incendios de la última década en Cáceres, el que tuvo secuelas más destructoras fue el que se produjo en la Sierra de Gata en 2015 y que asoló 10.000 hectáreas de monte entre Hoyos, Acebo y Perales del Puerto y forzó a desocupar más de 1.500 vecinos de la comarca por las llamas. Ese incendio representó el 90% de la superficie carbonizada en Extremadura ese año y fue uno de los más violentos en todo el país. Cinco años después, también a finales de agosto de 2020, en Cabezuela del Valle se produjo otro de los focos que más área ha arrasado, más de 4.000 hectáreas, entre el Jerte y la Vera. Contó con hasta tres focos en localidades próximas y también movilizó a medios locales, regionales y locales en condiciones más complejas debido a que la dificultad de acceder al origen de las llamas se vio agravado por la situación de la crisis sanitaria.

Exactamente, el fuego de Cabezuela está catalogado este año como uno de los dos más grandes registrados en España hasta octubre adjuntado con el de Almonaster La Real en Huelva, que quemó 12.000 hectáreas. Los dos se originaron exactamente el mismo día y entre los dos representan la cuarta una parte del total de área quemada en la península a lo largo de diez meses del año. Estos datos fueron ofrecidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto democrático, que avanzó cifras nacionales que se relacionan con la materia y por ahora no hizo público el informe de 2020. En ese sentido, sí detalló que en el grupo del país, además de Cáceres, y Huelva, se han producido 7.158 fuegos, de ellos 17 con la categoría de grandes incendios forestales –afectan a más de 500 hectáreas– y se han calcinado un total de 62.904 hectáreas. En la comparativa con el año anterior, desciende la cifra de superficie quemada un 20% (82.381 en 2019) y el número de incendios con 3.000 menos (10.396 en 2019, 14 de enormes incendios forestales).

¿Incidente o provocado?

Entre las primordiales polémicas de los incendios forestales reside en el origen de las llamas. Según estima el Ministerio de Medioambiente en su informe ‘El monte en llamas’, «más del 95% de los incendios forestales tienen al humano y su actividad como origen». Este archivo expone que tan solo el 3,18% son atribuibles a causas naturales, como un rayo. Del tanto por ciento en el que la acción humana está tras el origen de las llamas, el 35,4% se genera «por abandonos o bien negligencias», tales como «la quema de rastrojos, un cigarrillo mal apagado, fogatas encendidas por excursionistas o trabajos en el monte», el 45,25% se consideran premeditados, es decir, provocados apropósito y el 19,34% restante «se ajusta a esos en los que las causas no llegan a determinarse con claridad».

Sobre este tema se pronuncia a este períodico, el responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios en Extremadura (Infoex), José Antonio Navalón, que precisa el desglose. «Están los casuales, los premeditados, los que sencillamente procuran abrasar vegetación o bien ofrecerle un nuevo empleo a la zona, y los malintencionados, los que queman para provocar daño por venganza , hay gente desaprensiva no piensa en lo que está ocasionando, son los menos comunes pero los que provocan más daño», pone de manifiesto. En el caso de Cáceres, los dos enormes fuegos de la década se estudian como provocados.

En cuanto a  las consecuencias para los que causan incendios, afirma Navalón que en los últimos tiempos se han producido enormes adelantos en temas de investigación en estos últimos diez años. «Hemos ido mejorando la colaboración con Guardia Civil y Seprona» sostiene y destaca el aumento de demandas. ElCódigo Penal, tras su reforma en 2015, contempla penas de cárcel de uno a cinco años a los que incendien masas forestales y si el fuego alcanza especial gravedad, la justicia puede imponer de tres a seis años de cárcel. A fin de que se genere este segundo supuesto debe cumplir numerosos condicionantes, entre , como que afecte a una gran superficie, que tenga graves efectos erosivos, que afecte a zonas cercanas a núcleos de población , que sea provocado en un momento en el que el tiempo acreciente su peligro de propagación o se lleve a cabo para obtener un beneficio económico. Por último, si existe peligro para la vida de la gente la condena puede ascender a los veinte años. En cualquier caso, Navalón reitera que que la sanción ha de ser el último recurso y reafirma la apuesta por la concienciación con conversas y también información a la ciudadanía. «Hay que trabajar en todos los frentes», concluye. 

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