El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ansiado plan de rescate para el turismo, la hostelería y el comercio cuantificado en 4.220 millones de euros, mas sin ayudas directas, como pedía el sector. Es decir, mediante rebajas en el alquiler de los locales, incentivos fiscales, una nueva partida de créditos ICO específicamente destinada a estos ámbitos, moratorias de impuestos para autónomos y pequeñas y medianas empresas o bien el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Popular. Medidas, todas y cada una ellas reclamadas por el sector, mas «insuficientes» frente a la inexistencia de inyecciones de dinero, como ha ocurrido en otros países como Francia y Alemania. «Esta es la manera de expresar las ayudas directas que tiene el Gobierno de España, una administración que no tiene una cercanía que permita dar un cheque a cientos de negocios organizados por toda la geografía (…) el cheque lo hacemos llegar con exenciones, reducciones en la cuota a la Seguridad Popular o exenciones de pago de tributos o bien la renta del arrendado», ha defendido la ministra representante y titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Montero fué la responsable de desgranar el pack de medidas frente a la ausencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que está en cuarentena tras el contacto ajustado con un caso covid-19. Las medidas contenidas en el plan se dividen en cinco grandes bloques, empezando por aquellas dirigidas calmar el coste fijo de los alquileres al que los establecimientos turísticos y comerciales tienen que hacer frente a pesar de estar cerrados, como ahora se había desvelado. Así, en la situacion de los enormes tenedores (propietarios de más de 10 inmuebles), estos tienen siete días para decidir si dismuyen en un 50% la renta o bien una moratoria en el pago mientras que dure el estado de alarma y sus prórrogas, hasta un máximo de 4 meses desde su finalización. En caso de que no opte por ninguna de estas configuraciones, va a ser el arrendatario quien escoja una de esas dos opciones. El número potencial de beneficiarios, según el Gobierno, serían 190.000 locales, 33.000 relacionados con el turismo y 157.000 comercios.

En caso de que el dueño del local sea un individuo física con menos de 10 casas, el Gobierno establece un atractivo fiscal a fin de que estos rebajen la factura del alquiler en los meses de enero, febrero y marzo al poder computar como gasto deducible del IRPF la rebaja en el valor del alquiler. Si bien en este caso, es una medida facultativa. Es decir, el propietario de un local alquilado por 1.000 euros por mes a un establecimiento relacionado con el turismo, la hostelería o bien el comercio puede liquidar el valor a 400 euros y aplicarse como gasto deducible en IRPF los 600 euros restantes; si disculpa el alquiler al terminado, el gasto que se va a poder deducir va a ser de los 1000 euros. El Gobierno estima que a esta medida se podrán acoger hasta 323.701 arrendadores.

También se crea un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y «ocupaciones anejas» dotado con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía. Además, las agencias de viaje y operadores turísticos van a poder utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de las reservas de viaje y se «ofrece» la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter de forma exclusiva turístico que tiene como finalidad «facilitar el acceso a la financiación mediante garantías». Su aptitud para inyectar liquidez es del 700% de su capital.

En el campo tributario, el Ejecutivo dejará aplazar a lo largo de seis meses el pago de impuestos, con tres meses de carencia, hasta un máximo de 30.000 euros que afectará a la liquidación y autoliquidaciones cuyo período finaliza entre el 1 y el 30 de abril. Es decir, pymes y autónomos podrán pagar los impuestos del primer trimestre en octubre. Además, incrementa la reducción en la tributación por módulos del IRPF del 5% al 20% con carácter general y hasta el 35% en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías). Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. Además de otras medidas como la reducción del número de períodos impositivos damnificados por la renuncia al procedimiento de estimación objetiva en el IRPF; la exención fiscal para los vales de comida se va a poder aplicar también en los pedidos a domicilio; la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores y la reducción del período que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de incierto cobro.

En el campo laboral, se amplia el «catálogo» de ámbitos «ultraprotegidos», en palabras de Montero, para abarcar asimismo al comercio al por mayor de bebida, a los restaurantes y puestos comida, establecimientos de bebidas, ocupaciones en el jardín botánico, parques zoológicos o reservas naturales. «Estas compañias van a estar exoneradas de abonar una parte de las cotizaciones sociales que se devengarían en diciembre de 2020 y enero de 2021», ha anunciado Montero. Además, las empresas dentro de estos campos se van a poder aplicar bonificaciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para los llamados contratos fijos discontinuos de abril a octubre del año 2021.

Por último, se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales, se amplía la moratoria para enseñar concursos de acreedores y se establece un régimen transitoria de las zonas de enorme afluencia turística para 2021. «Hablamos de proveer ayudas y recursos para calmar los costes fijos de las empresa y facilitar la liquidez para que las compañías no tengan dificultades añadidas y los trabajadores logren cobrar la nómina», ha insistido Montero.






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