El Gobierno ha convocado para el próximo 26 de enero la primera subasta renovable en 4 años, tras la última celebrada en el mes de julio de 2017, con un cupo objetivo de 3.000 megavatios. Al menos 1.000 megavatios se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 megavatios a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar sin restricción tecnológica, según informó el Ministerio para la Transición Ecológica.

La apertura del plazo para la entrega de documentación va a ser el martes próximo 16 de diciembre de 2020 y van a poder participar en la subasta las instalaciones nuevas o bien ampliaciones de instalaciones que ya están que estén ubicadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de almacenamiento, en caso de tener , sea usado de forma exclusiva para guardar la energía producida en la instalación.

Las pujas se realizarán sobre el costo que se pide por la energía producida y el volumen de producto adjudicado a una misma empresa o conjunto empresarial no podrá ser superior al 50% del total (1.500 MW). El precio percibido por las instalaciones se obtendrá desde el coste resultado de la subasta corregido con determinada exposición a mercado. La resolución establece el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías con aptitud de gestión de su nivel de producción y en un 5% para las que no dispongan de esa aptitud.

El plazo máximo de distribución de la energía comprometida es de 12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, eólica terrestres y marina y también hidroeléctrica y de 15 años para las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.

La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes en la subasta muestren un plan estratégico con estimaciones de impacto sobre el empleo local y las chances para la cadena de valor industrial local, regional y nacional. Incluyendo un análisis sobre el porcentaje que representa la valoración económica de la fabricación de equipos, recursos, montajes, transporte y resto de posibilidades llevadas a cabo por compañias localizadas en los citados ámbitos territoriales, en relación con la inversión total a realizar, indica el texto.

Además, se deberá integrar una estrategia en el ámbito de la economía circular, con relación al tratamiento de los equipos en el final de su historia útil, y el análisis de la huella de carbono a lo largo del período de vida útil de las instalaciones.






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