La aplicación al 100% de la normativa de emisiones WLTP desde el 1 de enero de 2021 va a significar un incremento medio de los costes de los automóviles del 5%. La medida ha sido criticada abiertamente por todos los desarrolladores, siendo el Grupo PSA (el principal productor de España) quien ha abordado últimamente esta problemática calificando de «consecuencias indecifrables» las que van a suponer esa subida.

El incremento de precio llegará por el salto de tramo fiscal que los automóviles padecerán al adaptarse a la nueva reglamentación, que evalúa mejor el análisis de la eficacia y la contaminación de los motores en condiciones de empleo real. Muchos de los automóviles que actualmente queban por debajo del ubral de los 120 gramos de CO2 por quilómetro con la regla NDEC (cifra que marca el comienzo del impuesto de matriculación), van a pasar a superarla por lo que su valor se encarecerá.

Desde el sector del automoción se ha pedido por activa y por pasiva al Gobierno que reconsiderara el baremo de medición para el impuesto de matriculación, pero desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez han denegado esa opción. José Antonio León Capitán, director de comunicación y temas públicos, y representante del Grupo PSA (que engloba a las marcas DS, Citroën, Peugeot y Opel), ha instado al Gobierno a «adaptar de forma inmediata el impuesto de matriculación ante la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologacioón de emisiones WLTP. Sostener el presente sistema tributario supondría un fuerte daño al área y un nuevo obstáculo para la renovación del parque automovilístico español», entre los más viejos de la Unión Europea con más de 12 años de media.

Un 60% más de ingresos

Con la subida impositiva se van a ver damnificados cerca de un 60% de los vehículos nuevos que se vendan en España (una un 75% de los que se están fabricando aquí), por los cuales al Gobierno no recaudaba antes y ahora va a pasar a hacerlo. «Entre este porcentaje se encontrarán más de 100.000 unidades que actualmente se generan en las plantas del Grupo PSA en Vigo, Madrid y Zaragoza«, recuerdas el portavoz del grupo. Lamentan que desde el Gobierno se desoigan peticiones tan bien argumentadas y recuerda que «lo que solicitamos en ningún caso nos aleja de los objetivos de descarbonzación, debido a que se trata solo de neutralizar el encontronazo de una normativa técnica».

España tiene una reacción lento. De hecho «otros países como Francia y Portugal, ahora han adaptado su sistema impositivo así como hemos pedido en España, con la intención de proteger la actividad industrial y los empleos en uno de los más importantes campos de la economía española, asegurando además que los ciudadanos utilicen vehículos más sostenibles y más seguros», cree León Capitán.

La renovación del parque era uno de los objetivos paralelos con los planes de asistencia al área anunciados a bombo y platillo por el Gobierno hace seis meses. No obstante, el desempeño dispar de los proyectos Moves y Renove no es el aguardado. De hecho, la burocracia en su aplicación ha hecho que el Ejecutivo haya ampliado a 2021 las ayudas del Renove, algo que según PSA «no es bastante debido a que el plan ha demostrado su ineficacia este año. Creemos que son solo acciones coyunturales en frente de una subida estructural de los impuestos», explica el directivo.

Desde PSA creen que hay «falta de intención del Gobierno para respaldar al área en un momento muy difícil para la industria y eso es un mensaje negativo para nuestra matriz que puede acarrea secuelas imprevisibles a medio y film plazo, puesto que nuestro mercado podría reducirse en 2021 en más de 110.000 vehículos», añade José Antonio León Capitán a Europa Press.






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