El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes el decreto de prohibición de los desahucios sin solución habitacional (que tiene dentro la prohibición de los cortes de recursos). El inquilino deberá presentar un solicitud de postergamiento al juzgado y este soliciar a los servicios sociales que evalué si hablamos de una persona en situación de vulnerabilidad. El propósito es frenar los lanzamientos de familias atacables mientras que «no exista la oportunidad de que sean realojadas en una vivienda digna», explicó el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. En nuestros días está en vigor la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de enero, un plazo que se amplia para la vigencia del estado de alarma (hasta el 9 de mayo). «Hablamos de un decreto increíble para circunstancias extraordinarias», ha comentado Ábalos.

De hecho, el decreto lo que hace es prorrogar las medidas ya adoptadas a lo largo del estado de alarma en temas de vivienda y desahucios y se incorporan otros colectivos vulnerables a las personas perjudicadas por aquellas medidas. «Si entonces nos referíamos a aquellas personas en vulnerabilidad por el covid-19, ahora se alargan a quienes ahora lo estaban antes de la pandemias», ha comentado. Pero también se prolonga las medidas a las personas que han ocupado viviendas «sin crueldad ni acción ilícita antes que se hubiese aprobado este decreto y que se destine a vivienda habitual». Entonces, ha precisado Ábalos, no tienen la posibilidad de constituir una segunda vivienda o bien ser cedidas a otras personas, aparte de acreditar la condición de vulnerables: con menores a su cargo, dependientes o víctimas de violencia de género.

El Ejecutivo se proponen que sean los servicios sociales de las comunidades los encargadas de ofrecer la alternativa habitacional a las personas que vayan a ser desahuciadas. Además de esto, deberá ser «una casa digna» y la publicación no se podrá efectuar si no se ha «asegurado y garantizado un realojo», según destacó Ábalos.

El inquilino va a deber pedir el aplazamiento

Las grandes inmobiliarias o bien tenedores de sobra de 10 pisos, tendrán derecho a solicitar una compensación por el perjuicio que les haya ocasionado la suspensión del desahucio de una familia vulnerable sin contrato de arrendamiento, una vez pasados los tres meses que va a tener la administración para sugerir a esa familia una solución habitacional. El inquilino tendrá que enseñar la solicitud de aplazamiento y el juzgado debe dirigirse a los servicios sociales para que acrediten la condición e vulnerabilidad. La Administración autonómica deberá buscar una alternativa habitacional. «Si se resuelve favorablemente el tema se va a haber resuelto y si no hay alternativa, el propietario de esa vivienda tendrá derecho a esa compensación», ha comentado el ministro de Transportes.

Esta noma pertence a las que más tensiones ha provocado entre los asociados del Gobierno del PSOE y Unidas Tenemos la posibilidad de. Los ‘morados’ defendía que las compensaciones fuera solo para los pequeños dueños afectados. Según el artículo, la compensación va a consistir en el valor medio de alquiler en el entorno en el que se ubique el inmueble, lo que va a ser determinado desde los índices de referencia, más los costos corrientes de la vivienda asumidos y acreditados por el arrendador en el período que medie entre la suspensión del desahucio y su alzamiento, comunica.

El Decreto aprobado, además de esto, tiene dentro medidas para evadir el corte de suministro de servicios fundamentales para colectivos vulnerable. Se amplía la prohibición del corte de suministro de agua, electricidad y gas a la gente en puerta de inseguridad incluidas en la normativa. La noticia es que no solamente se favorecen las familias del bono eléctrico, sino más bien también las familias que no sea sucesos de los contadores de energía eléctrica, mas se hallen en la situación de puerta de inseguridad que especifica el decreto.






Fuente