El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha apartado de la investigación sobre la caída de la tecnológica Zed al magnate ruso Mikhail Fridman al considerar que no hay pruebas ni rastros de que participara en la presunta «asfixia» de la compañía que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción.

En un coche, el titular del juzgado central de Instrucción número 6 estima el recurso de la defensa de Fridman y asegura que las pruebas «no permiten afirmar» su participación «ni directa ni indirecta en cuestiones relativas al conjunto Zed».

Fridman, máximo accionista de la cadena de supermercados DIA, fue encausado en el mes de agosto de 2019 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por teóricos delitos contra el mercado, administración desleal, insolvencia punible y corrupción en los negocios.

El relato del Ministerio Público situaba al empresario en el origen de la insolvencia de Zed, una situación que Fridman, accionista del grupo tecnológico, habría propiciado con maniobras para asfixiar a la compañía económicamente y después adquirirla a un «coste irrisorio» bajo el de mercado. Semejantes supones partían, por su parte, de la demanda previa del expresidente de Zed Javier Pérez Dolset, que en 2016 llevó frente a la Fiscalía una sucesión de actuaciones personales y societarias de sus socios que podrían constituir una absorción ilegal de compañias.

Causa contra Pérez Dolset

Apenas un año más tarde, en 2017, la Audiencia Nacional abría una causa contra el propio Pérez Dolset y otras diecinueve personas, por un presunto delito de fraude de subvenciones en la compañía, que habría causado un perjuicio de sobra de 100 millones de euros.

Ahora el magistrado atiende los argumentos del magnate, representado por el socio de Baker McKenzie Víctor Mercedes, que en su escrito insistía en que la insolvencia del conjunto Zed se debió a la «negligente administración y la apropiación incorrecta» de fondos por parte de Pérez Dolset.

Para García Castellón «no existe prueba alguna, ni documental ni testifical, que apoye la inicial consideración de una viable participación en los hechos investigados de Mikhail Fridman».

Prueba de ello, apunta en su auto, adelantado por diario El Mundo, fue la declaración del colega de PwC Edwin Harland, considerado testigo clave del caso y autor del informe «forensic» solicitado por Zed que alertó de que los inversionistas rusos de la tecnológica podrían estar bloqueando su actividad. Por otro lado, «no halló prueba alguna que relacionase a Fridman con las sociedades investigadas, ni atribuyó ningún tipo de responsabilidad».

No hay pruebas

Tampoco los mensajes de contenidos escritos incorporados al sumario implican al ruso en las operaciones investigadas, «alén de referencias de otros, en las que ninguna intervención directa tiene el investigado y que no disfrutan de ningún soporte documental».

También, recalca el trabajo llevado a cabo por la defensa del empresario, quien «acredita la inexistencia de un control ni directo ni indirecto ni sobre las sociedades, ni mucho menos sobre la operativa investigada».

Por todo ello, el juez concluye que «no hay prueba alguna de dolo o culpa» y «no existe indicio alguno ni de la posición de dominio ni de funciones concretas de supervisión y control de los hechos investigados, ni de conocimiento de los mismos», tal es así que no se dan «motivos suficientes acusarlo como creador, cómplice o bien encubridor». La resolución aún puede ser recurrida por las partes frente a la sala.

«Siempre hemos sostenido que las acusaciones contra Mikhail eran falsas y se basaban en documentos y afirmaciones engañosas de Pérez Dolset», ha manifestado un representante de Fridman tras conocerse la novedad, y ha sobre aviso de que el magnate «tiene la intención de examinar todas las vías legales para llevar a cabo rendir cuentas a quienes difundieron estas falsedades».






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