Tras dos jornadas de debate y pocos cambios el pleno de la Asamblea ha aprobado este viernes con la mayoría absoluta del PSOE y el apoyo de Ciudadanos (Cs) los presupuestos de la Junta para el año 2021. Unas cuentas «excepcionales y extraordinarias para un momento excepcional y extraordinario» que no convencieron al PP: ha votado en contra porque a su juicio la nueva ley no cuenta ni con las medidas ni con las recetas para afrontar una situación de emergencia como la actual, que tiene a Extremadura al borde del «colapso» por el avance del covid-19.

Combatir la pandemia, proteger a las personas y apoyar la economía y el empleo son según el PSOE los ejes de este presupuesto, que destina siete de cada 10 euros de inversión a las políticas sociales. A unas cuentas cifradas en 6.423 millones de euros (un 7% más), los grupos políticos habían presentado 1.163 enmiendas parciales de las que solo 57 han salido adelante, la mayoría de ellas de Cs y Unidas por Extremadura (se abstuvo en la votación final) y transaccionadas por el PSOE. Una de las más llamativas es la que llevará a los miembros del Gobierno a congelarse el sueldo.

Solo cuatro enmiendas de las 761 presentadas por el PP han salido adelante, a pesar de que el contenido de algunas era muy similar a otras de Cs y Podemos que el PSOE sí ha transaccionado. Por ello, los populares han tildado la actitud de los socialistas de «sectarismo». «Está claro que el PSOE no quiere dialogar ni negociar con el principal partido de la oposición», ha dicho su portavoz de Hacienda en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón.

Ayudas a los sectores ganaderos afectados por la crisis sanitaria, fomento de las energías renovables, apoyo a la ayuda a domicilio y refuerzos en las plantillas de Atención Primaria son los objetivos de algunas de las enmiendas incorporadas al proyecto de ley. El debate parlamentario de las cuentas ha reflejado la disparidad de opiniones políticas sobre ellas, pues mientras la consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ha calificado el presupuesto de «excepcional y extraordinario para un momento excepcional y extraordinario», Hernández Carrón ha afirmado que es «el más inútil de la historia ante el momento más difícil de la historia».

Apoyo de Ciudadanos

A juicio de Blanco-Morales, el apoyo de Cs a las cuentas demuestra que hay fuerzas políticas «que vienen a construir, aportar y hacer posible el compromiso que estos presupuestos significan». Ha defendido que el presupuesto «viene a ayudar y resolver las dificultades» y ha reiterado el compromiso del gobierno de continuar en la senda del dialogo y del trabajo para mejorar las condiciones de vida de los extremeños. Ha asegurado además que estas cuentas «se cumplirán y ejecutarán, como las anteriores», y pondrán en marcha nuevas líneas políticas transformadoras, ayudas, subvenciones y licitaciones que paliarán los efectos de la pandemia.

Desde la formación naranja, su portavoz, David Salazar, ha resaltado que la ciudadanía no quiere conflicto político y que es momento de estar unidos y dejar la crispación al lado. En ese sentido, ha explicado que llevaban más de dos semanas negociando con los socialistas para introducir mejoras en los presupuestos y están «orgullos» de haber conseguido, por ejemplo, que los fondos europeos para la recuperación pasen por la Asamblea o del «gesto» que supone la congelación de los sueldos del Consejo de Gobierno. De hecho, Cs ha logrado introducir 27 enmiendas al presupuesto, las mismas que Unidas por Extremadura.

La portavoz de esta última formación, Irene de Miguel, ha manifestado que en un momento como el actual todos tienen que hacer cesiones, por lo que su grupo no podía votar en contra. No obstante, ha reconocido que le hubiera gustado que se hubieran reforzado más los servicios públicos y las ayudas para los sectores «más golpeados» a través de sus enmiendas. Estos presupuestos, ha añadido, tienen que servir para ayudar a Extremadura «en momentos graves y complicados».

En referencia a la pandemia, los populares han criticado que no se hayan incluido ayudas directas para los sectores más afectados como comerciantes, hosteleros y autónomos, «ni siquiera un alivio fiscal».






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