La Sala de lo Popular del Tribunal Supremo ha cambiado la jurisprudencia que venía manteniendo desde finales de la década de los noventa en una sentencia donde rechaza la limitación temporal de los contratos de trabajo en atención a los contratos mercantiles de las compañías, lo que supone en la práctica acabar con la propuesta hasta ahora vigente que los completados para obra o servicio determinado se corresponden con la duración de la contrata.

La sentencia, de la que ha sido ponente la jueza María Lourdes Arastey, responde al criterio unánime del pleno de la Salón Cuarta del prominente tribunal, compuesta por diez magistrados bajo la presidencia de María Luisa Segoviano, que se festejó en la época de diciembre. Su pronunciamiento obedece a un caso específico, en el que la compañía concatenaba los contratos por obra a lo largo de años, señalaron a este diario fuentes del prominente tribunal.
 
La resolución apunta que quienes ofrecen servicios a terceros desarrollan su actividad fundamental por medio de la contratación con éstos y, por tanto, resulta ilógico sostener que el abultado de aquella actividad tiene el carácter excepcional al que el contrato para obra o bien servicio debe atender. El tribunal afirma que resulta bien difícil continuar sosteniendo que la compañía logre respaldar la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de indeterminación de las relaciones laborales.

Añade la sentencia que la automatización de esta contratación temporal, por el mero mecanismo del tipo de actividad, puede conducir a situaciones de puesta en peligro de las garantías buscadas por el Derecho de la Unión Europea, y que el legislador ha diseñado otros instrumentos para atender la variabilidad de las pretensiones de la compañía y adoptar decisiones sobre la dimensión de la plantilla que es a los que hay que acudir.






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