El Tribunal Supremo ha argumentado que el IRPH no es abusivo porque «sería ilógico» considerar que su incorporación a las hipotecas es contraria a la buena fe en el momento en que el Gobierno central y numerosos gobiernos autonómicos lo consideraron como el más correcto en la financiación de casas de protección oficial (VPO).

Además fundamenta su consideración en que no se ha justificado que este índice sea más fácilmente manipulable que el resto de índices oficiales, remarcando inclusive que la Comisión Europea ha impuesto fuertes sanciones por la manipulación del euríbor y del líbor.

De este modo lo recopila en las sentencias dictadas en 4 de los asuntos que se deliberaron en el Pleno del 21 de octubre, que analizan el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 3 de marzo de 2020, que no acabó de aclarar las dudas para muchos jueces que pidieron al Tribunal Supremo que volviera a pronunciarse para ofrecer luz a los juzgados.

El Tribunal Supremo ya adelantó el pasado 21 de octubre su dictamen sobre que en las hipotecas ligadas al IRPH analizadas existía falta de transparencia por no haberse informado de la evolución del mismo, mas no abusividad. Con la publicación de las sentencias este viernes, se ha popular en qué fundamentos se apoyó.

PARÁMETROS EXCLUIDOS

En relación a la transparencia del IRPH, el Tribunal Supremo ha y tambiénxcluido de los parámetros tanto la comprensibilidad del funcionamiento matemático-financiero del índice como la información comparativa con otros índices oficiales.

Para eso, una parte de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había considerado que la publicación del IRPH en el BOE dejaba al cliente medio abarcar que el índice se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para la adquisición de vivienda, incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por las entidades, «de modo que esa publicación salva, para todos y cada uno de los casos, las exigencias de transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH».

El segundo factor de transparencia predeterminado por el TJUE es la información que la entidad prestamista facilitó al cliente sobre la evolución pasada del índice. Más allá de que la carencia de información directa sobre la evolución del IRPH en los dos años precedentes establece falta de transparencia de la cláusula cuestionada, el Tribunal Supremo afirma que ello no acarrea siempre su nulidad, sino más bien la oportunidad de hacer el juicio de abusividad, es decir, valorar si la cláusula, en contra de las demandas de buena fe, causa un desequilibrio sustancial de los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio del cliente.

Al realizar el juicio de ‘abusividad’, el Tribunal Supremo, de acuerdo con los parámetros del TJUE, considera que el ofrecimiento por la entidad bancaria de un índice oficial, aprobado por la autoridad bancaria, no puede vulnerar por sí mismo la buena fe, menos aún cuando el Gobierno central y numerosos Gobiernos autonómicos han considerado el IRPH como el índice más correcto para utilizarlo en la financiación de casas de protección oficial (VPO). «Resulta ilógico considerar como actuación contraria a la buena fe la incorporación de ese índice a préstamos concertados fuera de ese ámbito de financiación oficial», ha argumentado el Tribunal Supremo.

Con en comparación con desequilibrio de los derechos y obligaciones de las partes, el tribunal ha apuntado que la evolución aproximadamente conveniente del índice durante la vida del préstamo no puede ser esencial de abusividad, puesto que «el control de contenido no puede derivar en un control de costes» y el TJUE ha descartado que los bancos tuviesen obligación de hacer más simple información comparativa sobre los diferentes índices oficiales, sobre su evolución futura o de asesorar a sus clientes sobre el mejor préstamo posible.

UN VOTO PARTICULAR

La resolución no fue unánime, pues las sentencias cuentan con el voto especial del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas, que cree que las cláusulas enjuiciadas son nulas, por no superar el control de abusividad, y que procedería la sustitución del IRPH por el euríbor.

Específicamente, este magistrado cree que la falta de transparencia apreciada sí supuso un perjuicio al consumidor, ya que por la falta de información no pudo contrastar con otras ofertas del mercado, de manera que «se le privó del ejercicio de un legítimo derecho de opción». «No es la Sala la que debe valorar cuál índice le resultaba más interesante a la parte demandante, sino que era el consumidor quien debía tomar esa resolución con la información que no se le facilitó», asegura.

Ciertas asociaciones de clientes destacan la discrepancia del magistrado Arroyo «que prosigue la doctrina del magistrado Francisco Javier Orduña, que deja claro que ha habido una sepa de buena fe y situación de desequilibrio, por lo que habría de ser declarada nula. Al cliente no se le dejó seleccionar de forma clara y transparente entre el IRPH y el resto de índices», pone de manaifiesto Asufin.






Fuente

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí