Él Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el jueves que la normativa española que exige una cantidad mínima de jubilación anticipada y jubilación voluntaria es compatible con la legislación de la UE, a pesar de que puede ser discriminatoria contra las mujeres. Los tribunales estuvieron de acuerdo con la Gobierno español está en Instituto Nacional de Seguridad Social, Contra el caso interpuesto por una trabajadora del hogar que pidió jubilarse a los 63 años después de 44 años de cotizaciones, pero por montos modestos.

«Si bien las consideraciones presupuestarias no pueden justificar la discriminación en detrimento de uno de los sexos, los objetivos de asegurar la financiación sostenible de las pensiones de jubilación pueden considerarse objetivos legítimos de política social que no están vinculados a ninguna discriminación por razón de sexo», dice la sentencia que cree que este objetivo puede justificar en principio «cualquier trato desigual en perjuicio de las trabajadoras que se derive indirectamente de la aplicación de la norma controvertida» y que sea compatible con los objetivos sindicales.

Según el TJUE, Directiva europea sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social No se opone a una norma como la española que, en el caso de que un trabajador afiliado al régimen general de la seguridad social pretenda jubilarse voluntaria y anticipadamente «, subordina su derecho a una pensión anticipada al requisito de que el importe de esto es al menos igual al monto de la pensión mínima que correspondería a la edad de 65 años, aunque esta disposición perjudica a los trabajadores en particular con respecto a los trabajadores ”.

Pregunta preliminar del TSJC

Los jueces europeos recuerdan que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano que sometió una cuestión prejudicial al Tribunal Europeo, que deberá verificarla siempre que esté justificado por fines legítimos de política social ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo. La sentencia también analiza si la legislación puede implicar discriminación indirecta. En este sentido, los jueces creen que deben tomarse en consideración las personas a las que se les haya negado una pensión de vejez por el único motivo de no haber cumplido con el requisito relativo al monto de la pensión (sin tener en cuenta a las que no cumplen , además, edad o período de cotización exigido por la ley general de seguridad social).

La existencia o no de discriminación indirecta se puede manifestar teniendo en cuenta para el mismo año el número de nuevos pensionados que cumplen con el requisito de haber cotizado por más de 35 años y que perciben un complemento de pensión frente al total de nuevos pensionados como en el mismo año.

En el caso concreto analizado, «si las estadísticas han mostrado que entre los nuevos pensionados sujetos al sistema general de seguridad social, el porcentaje de los que han cotizado por más de 35 años y reciben un complemento de pensión es considerablemente superior al registrado entre los nuevos pensionistas sujetos al mismo régimen, se consideraría que el requisito de que la pensión que recibirá el interesado sea superior al importe de la pensión mínima constituye una discriminación indirecta por razón de sexo contraria a la directiva europea «, salvo que lo justifique Factores objetivos ajenos a cualquier discriminación por motivos de sexo.

La historia se refiere a una trabajadora del hogar que solicitó al INSS una jubilación anticipada voluntaria a partir de la fecha en que cumplió 63 años. Su solicitud fue rechazada por el INSS porque el monto de la pensión que recibiría sería inferior a la pensión mínima que se le pagaría a los 65 años. El tribunal social n. 10 de Barcelona, ​​a la que recurrió la trabajadora, entendió que el precepto aplicado constituye una discriminación indirecta contra la mujer y que no podía aplicarse, de acuerdo con la Directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Posteriormente, el INSS apeló al TSJC, que decidió presentar una decisión prejudicial al tribunal con sede en Luxemburgo.

.