La Audiencia Provincial de Badajoz condena al que fuera alcalde del PP de Montijo entre 2007 y 2015, Alfonso Pantoja por prevaricación administrativa, al no accionar contra los ruidos nocturnos que provocaba un bar de copas. En concreto de trata del pub Pravia contra el que constan numerosas demandas de vecinos por contaminación acústica. Los hechos se remontan por año 2011, cuando el lugar solicitó la licencia de apertura como café-bar de tapas frías. Al mes siguiente la Policía Local le denunció por el inicio de unas proyectos para las que carecía de licencia. En ese momento la secretaría municipal ahora recomendó al primer edil que iniciara la incoación de un expediente; mas jamás se realizó.

En septiembre el local recibió la licencia provisional de apertura y empezó su actividad. Puso, además, veladores en la calle a pesar de que tampoco tenía autorización para ello. Esto fue lo que provocó el enfado de los vecinos, por los ruidos que producía la aglomeración de clientes y porque la terraza impedía el acceso a las viviendas y a los garajes. Los damnificados remitieron escritos y denuncias tanto al alcalde como a la policía local por los ruidos que producían los eventos que organizaba, tanto en el interior como en el exterior, que muchas veces duraban hasta las cinco de la madrugada.

El proceso judicial se inició por la demanda que presentó contra Pantoja el actual alcalde de la localidad, Manuel Gómez (PSOE), ante esta situación. La Policía Local llegó a remitirle hasta siete informes en el que ponía de manifiesto los incumplimientos de este establecimiento, pero Alfonso Pantoja solo abrió dos que, al ser de carácter leve, no llegaron a ningún sitio.

Pantoja ha evitado finalmente el juicio oral alcanzando un convenio con la Fiscalía y la acusación particular que representa a los vecinos damnificados y que ejerce el abogado cacereño, Eugenio Cuadrado, de Qualit Abogados. Las dos partes pedían por estos hechos que fuera culpado a un par de años de prisión. Finalmente la pena será únicamente de inhabilitación para cargo público en el transcurso de un periodo de un par de años. Además, va a deber indemnizar a los vecinos (son siete damnificados) con 15.000 euros y asumir las costas del proceso. La sentencia es estable.






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