El 14 de marzo Cáceres paró y desde entonces el avión de los servicios sociales sigue en posición ‘crab’, esa técnica aeronáutica que trata de mantener las alas niveladas para contrarrestar la fuerza del viento durante el aterrizaje. Sortear con éxito los profundos desequilibrios en esta pista del coronavirus requiere la presencia de pilotos con destreza para socorrer a los cientos de pasajeros que se vieron obligados a viajar en esta nave de la pandemia. María José Pulido ha lidiado de cerca en 2020 con «el complejo un montón» derivado de la mayor crisis sanitaria de la historia reciente que ha atacado a la localidad con especial virulencia. «Hemos sufrido una situación realmente difícil que nos ha enseñado a comprender la enfermedad, el confinamiento, la necesidad, y en todo ese desarrollo hemos tenido el acompañamiento de la ciudadanía», enseña la concejala de Temas Sociales, que agradece la ola de solidaridad demostrada.



En la hora del cómputo hay que retrotraerse al inicio del virus. Entonces hubo que enfrentar la excepcionalidad convertida desgraciadamente en normalidad y esto fue viable tras la resolución política del alcalde cacereño, Luis Salaya, de destinar el 20% del superávit presupuestario a esta concejalía, cerca de un millón de euros. «Las familias atacables viven cada día; si no trabajan no comen, si no hay comida en el Banco de Comestibles, no comen sus hijos», narra Pulido.


Hablamos de familias en extrema puerta de inseguridad, y el municipio precisa disponer de los recursos que meritan «de manera inmediata y estructurada». Muchas de procedían de distritos como Aldea Moret, Llopis Ivorra o Mejostilla, fundamentalmente castigados por la crisis económica. No era bastante con las subvenciones habituales de la ordenanza municipal sobre alquiler, hipotecas, nutrición o bien abastecimientos. Había que ir a más porque el número de afectados aumentaba y las penurias eran cada vez superiores.

El covid ha obligado al grupo de gobierno a mejorar, por tanto, el modelo de servicios sociales aplicado hasta antes de la pandemia. Ha sucedido también con la gente mayores. Era imprescindible proteger, por ejemplo, de todas y cada una aquellas que vivían solas no por resolución propia sino más bien por circunstancias de la vida. De modo que acercar a los cuidadores a sus casas ralentizaba el tiempo de ingreso en las viviendas, que aparte de foco de contagio agudizaba su soledad puesto que en los centros tampoco podían recibir visitas.


La concejalía arbitró disposiciones hasta el momento inusuales, como un servicio de lavandería a fin de que una empresa se ocupara de la ropa de los atacables. Desgraciadamente no se presentó ninguna propuesta y eso que salió a licitación en dos ocasiones. Afortunadamente, la sociedad civil no desfallecía y una red de solidaridad con el nombre de Red Cor se empleó a fondo con los desheredados del sistema, lo mismo hicieron los restaurantes, que a través del programa Mi Menú repartieron comida.

Con la niñez se efectuó una enorme tarea. No en todos los domicilios disponían de conexión a internet (se han concedido 4.400 euros en tabletas) y los que tenían becas de comedor presentaban dificultades para acceder a exactamente las mismas por las limitaciones de movilidad que imponía el confinamiento.


El Centro de Temas Sociales debió atender ocasiones agravadas por la pandemia, como las mujeres víctimas de crueldad de género. «La policía local con sus rastreos y los dueños de los pisos turísticos cediéndolos para sacarlas del infierno realizaron un trabajo impagable», recuerda la concejala.

Lo mismo ocurrió con los pisos en los que se ejercía la prostitución, «que fueron una bomba». Mujeres enfermas, encerradas en habitaciones lúgubres tuvieron que ser liberadas del abismo. «El plantel de Igualdad, el 112 y el 016 fueron escenciales», indica Pulimentado.



Las empleadas de hogar, muchas internas y la mayoría migrantes, se han quedado sin casa de un día para otro; los sintecho ocuparon las plazas del albergue de Valhondo, el Centro Vida con Renfe y en este momento el que gestiona Cáritas en Clavellinas. Los dramas lo fueron aún más en la gente dependientes de adicciones que padecieron situaciones «alarmantes».


Para mitigar la catástrofe se aplicaron cifras económicas en forma de ayudas. 9.800 euros para leche maternizada, 11.196 en farmacia, 30.711 para organizaciones sociales, 43.200 para superiores, 1.300 euros en traslado en taxi, 3.666 para la ampliación de la teleasistencia, 40.000 en Epis, 5.000 en ayudas a mujeres, 8.000 en alimentos, 848 en seguros para los voluntarios, 1.500 para el comedor de La Prodigiosa, 50.000 en el Centro Vida, 21.000 en el de Clavellinas, 17.000 en el albergue de Valhondo, 27.000 en campamentos de verano y 4.192 en abonar entierros. Tras los números, mucha desdicha.






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