Un centenar de personas crean una plataforma para defender el trabajo que se estaba haciendo en la residencia El Cuartillo conocida como La Asistida. Esto incluye a los trabajadores que actualmente prestan servicio en el centro, otros que ya están jubilados, familiares de los vecinos y ciudadanos en general que intentan garantizar el trato que recibieron las personas mayores durante los peores meses de la crisis sanitaria que ellos. Según información oficial, 75 personas geriátricas murieron en este centro a causa del coronavirus. Es la residencia que registró la mayoría de las muertes durante la pandemia, aunque también es la más grande de la región con 320 habitantes. El 80% de los ancianos se infectaron aquí.

Esta situación llevó a familiares de vecinos y fallecidos a formar una asociación para denunciar lo sucedido. Incluso presentaron una denuncia penal contra la dirección del centro que ya ha sido aprobada para trámite judicial. También denuncian que las personas mayores carecen de servicios básicos precisamente por la falta de personal tras la pandemia, lo que en muchos casos dificulta su correcta atención.

La nueva plataforma lo niega y cree que estos alegatos «representan una pérdida de prestigio para el centro y sus trabajadores». Se asegura, como se indica en un comunicado, «que todos los empleados siempre han actuado correctamente, de acuerdo con los recursos disponibles y los protocolos existentes». Por ello, creen que la denuncia formulada contra la dirección también es contra ellos y creen que es «injustificada». La gestión se basó siempre en las directrices del Servicio de Salud de Extremadura (SES) y del Servicio de Extremadura para promover la autonomía y atención a las dependencias (Sepad).

También afirman que lo ocurrido durante la pandemia no afectó exclusivamente a este asilo de ancianos, fue un «problema para todos». Y añaden que los residentes son «personas mayores con múltiples patologías, una edad media de 88 años, grandes dependientes que requieren cuidados continuos en todas las actividades de la vida diaria y tienen una alta carga de salud».

Quieren mostrar su apoyo al director, que tiene que hacer una declaración en los tribunales como se investiga el próximo diciembre. “El centro está gestionado por la dirección actual desde 1983 y es siempre un centro de referencia para toda Extremadura ya nivel nacional”, subrayan. Y lamentan la forma en que han sido tratados: “Han venido a llamarnos la residencia de la muerte y tildarlo de genocidio. Entendemos la libertad de expresión, pero no la calumnia y el hostigamiento al que nos han sometido ”, dicen.

“Queremos transmitir al público que podemos tener la certeza de que somos unos auténticos profesionales con nuestros mayores, que les mostraremos cariño y les acompañaremos y seremos esa mano en sus últimos momentos. Nos hemos dejado la piel y todavía hay compañeros que tienen consecuencias. Somos una gran familia con multitud de valientes profesionales ”, concluyen.


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