La Comisión Jurídica de Extremadura, órgano autonómico, exonera al Ayuntamiento de Cáceres en dos dictámenes consecutivos del pago de indemnizaciones a viandantes que han sufrido daños por tropiezos o caídas en la vía pública. El dictamen de este órgano es preceptivo y debe ser consultado en los expedientes gestionados por las entidades municipales sobre compromiso patrimonial cuando la cantidad reclamada sea igual o bien mayor a los 15.000 euros. En uno de los expedientes, por una caída en la plaza Mayor, se demandaba al municipio el pago de 28.727 euros, en tanto que en el otro se pedían 33.093 euros por una caída en la avenida de España. En ambos las reclamaciones se apoyaban en los daños sufridos por los viandantes a causa del mal estado de la vía.

En estos dictámenes, cuyas conclusiones se apoyan en resoluciones judiciales y también informes, se especifica que la obligación legal impuesta a los ayuntamientos de conservación y de cuidado de las vías públicas no se puede conducir al radical de eximir a los peatones «de la precisa atención y cuidado en su deambular por ellas». La comisión jurídica concluye en el análisis de entre los casos que «los estánderes de eficacia exigibles a los servicios públicos municipales no tienen carácter absoluto, puesto que de lo contrario excedería de lo que comúnmente se debe reputar como obligación a exactamente los mismos».

La comisión menciona en uno de sus dictámenes a una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura donde se basa que «no alcanza con un mero tropiezo, tropezón o descuido» a fin de que el ayuntamiento «sea responsable de las secuelas dañosas que se logren generar sobre las vías y bienes de titularidad municipal».

AVENIDA / En uno de los casos, el denunciante iba caminando por la acera de la avenida de España, a la altura del número 1, y «como consecuencia del estado deplorable en el que se encontraba el acerado» tropezó y cayó al suelo, «produciéndome un enorme dolor en la pierna y en el hombro». Fue trasladada al hospital, donde, según se especifica en la demanda, «fui intervenida bajo sedación». Entre sus consideraciones, la comisión concluye que «la entidad del obstáculo» que ocasionó la caída «es de escasa relevancia», además, citando el informe del secretario general del municipio, «era visible y salvable dada la anchura de la calle».

En el segundo caso el viandante paseaba por la plaza Mayor en el momento en que «sufrió una caída como consecuencia del estado deplorable del pavimento, donde se había producido el levantamiento de un perfil dorado (un hierro)», según la demanda. En el dictamen se recoge el contenido de un informe del servicio de Conservación del Pavimento Viario que establece que el incidente «sucedió a plena luz del día» y que la plaza Mayor cuenta con «una única plataforma peatonal de 4.000 metros cuadrados, por lo cual si hubiese algún desperfecto es visible y salvable». La comisión cree que de lo expuesto en el expediente se puede «inferir la viable predominación del accionar de la accidentada, sin adoptar las precauciones exigibles en su caminar».






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