Naviera Armas, la mayor compañía naviera de transporte de usuarios y mercancías entre la península y las islas y, propietaria, entre otras, de la empresa Transmediterránea, ha pedido el salve de la Sociedad De españa de Participaciones Industriales (SEPI) y ha pedido también una quita a sus acreedores para solucionar las dificultades económicas que atraviesa, con una deuda acumulada de unos 800 millones de euros, como resultado del impacto de la covid en el transporte marítimo.

Según ha adelantado El Confidencial y pudo confirmar El Periódico de Catalunya, la familia Armas Fernández ha solicitado la documentación para conseguir cuando menos cien millones de euros de la SEPI, en concreto al Fondo de Acompañamiento a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. Se trata del mismo fondo que ha auxiliado a Air Europa para evadir la quiebra. Los cien millones podrían habililitarse mediante un préstamo participativo o ampliación de capital. Respecto a la renegociación de la deuda con los acreedores, Naviera Armas da la opción de reconvertir deuda en capital, aportando novedosas grantías personales y dinero aportado por el SEPI.

Naviera Armas emitió hace unos días un comunicado en el que anunció que había iniciado un desarrollo de renegociación de su deuda como consecuencia del desplome de ingresos derivados de la pandemia. La compañía aseguró que no estaba «en situación de preconcurso ni concurso de acreedores». En cualquier caso aceptaba la afectación de la demanda derivada de la crisis del covid, y que había iniciado esas conversaciones «con el objetivo de preservar su liquidez y mejorar su composición de capital».

La naviera es uno de los más importantes puntos de conexión entre las islas Baleares y la península. El conjunto canario Naviera Armas se realizó con la mayor parte accionarial de Trasmediterránea en el año 2018, tras abonar 260 millones de euros a Acciona, de la familia Entrecanales, que había gestionado la compañía desde 2002, en el momento en que fue privatizada. Pero los problemas del grupo empresarial canario se han agravado desde ese momento considerablemente, sobre todo con la expansión del covid-19, comprometiendo con su frágil situación financiera el transporte marítimo regular de Baleares con la península.

Para intentar salvarse, la compañía consiguió una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 55 millones millones de euros y un préstamo de los fondos APS y Apolo de otros 75 millones. Sin embargo, sus serios problemas siguieron.

La agencia de calificación Moody’s rebajó el rating de Naviera Armas Trasmediterránea de ‘Caa2’ a ‘Ca’ con visión negativa hace una semana, lo que la ubica al filo de impago. La razón es que el conjunto no puede llevar a cabo frente al pago de intereses de una emisión de 282 millones de euros que vence en el 2023 debido al desplome de los capital por el coronavirus. Naviera Armas se ha acogido a un periodo de gracia de 30 días que recoge el contrato de la emisión. Desde esa fecha Moody’s asegura que declarará a la compañía en situación de impago tras incrementar aparte su endeudamiento en 70 millones en el primer semestre de 2020 debido al coronavirus. La agencia de calificación afirma que este ráting refleja la estructura de capital «insostenible» de la empresa con relación a su capacidad de ganancias, los altos peligros de reestructuración basados en su deuda deprimida, así como su débil posición de liquidez.

Trasmediterránea es la primera compañía naviera de españa y entre las más grandes de Europa. En 1978, tras su primera gran crisis, se transformó en empresa pública, al concentrar el Estado el 93,15% del capital social, una situación que se sostuvo hasta 2002, con la adquisición de la compañía por parte de Acciona, en el marco del proceso que entonces abrió el holding público SEPI para privatizar la compañía de transporte marítimo.

En 2016, el año de su centenario, Trasmediterránea se había convertido en una compañía de transportes intermodal, donde se integraban distintas sociedades, aunque el negocio naviero suponía aún un 70% de su actividad, con veintiún buques que prestaban servicio en 31 líneas marítimas. En ese momento facturaba 440 millones de euros y tenía 1.200 empleados. El primordial accionista de la compañía era Acciona, propiedad de la familia Entrecanales, que adquirió la empresa cuando fue privatizada en el año 2002, después de estar en manos públicas a lo largo de veinticinco años.







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