La Junta de Extremadura solicita aplazar la declaración de la directora de la residencia El Cuartillo, popular como la Asistida, que estaba sosprechada para hoy miércoles. El Ejecutivo autonómico, responsable del centro al ser de titularidad pública, solicitó a última hora de ayer al juzgado por medio de su abogado más tiempo para poder estudiar la documentación. El juez ha estimado su demanda y ha decidido posponer la cita, para la que aún no se ha concretado fecha.

Se trata del centro más afectado por el coronavirus de toda la región, con 75 fallecidos (cantidades oficiales) a lo largo de la primera ola. Fueron exactamente familiares de los fallecidos los que interpusieron, el mes pasado de julio, una querella contra este geriátrico por los hechos sucedidos, a través del despacho Pita & Broncano. Creen que tienen la posibilidad de ser constitutivos de un homicidio imprudente. Este diario preguntó ayer a la Junta sobre la solicitud del postergamiento, mas no recibió respuesta.

El juzgado que investiga la causa la aceptó a trámite en el mes de agosto. Solicitó al Ejecutivo autonómico los partes de defunción de los familiares muertos de los querellantes, así como los protocolos que se han seguido desde el inicio de la crisis. Y citó a declarar a la directora en calidad de investigada. En la comparecencia, que debía haberse celebrado en el día de hoy, estaba pensado que explicara, entre otras cosas, el proceder de esta vivienda desde el mes de marzo.

La Asistida es el centro con mayor aptitud de la región. En el mes de marzo tenía 307 habitantes y se llegó a infectar un 80%, además de muchos de sus trabajadores. Falleció una tercer parte de los individuos. Los familiares, que crearon una asociación de afectados al considerar que lo ocurrido fue consecuencia de fallos en la organización, quieren respuestas a estos sucesos. «Queremos respuestas de por qué razón no se les trasladó a los centros de salud o bien por qué razón no se sacó de allí a los sanos, y más que nada, cuántas personas han fallecido realmente», afirma el presidente del colectivo, Javier García, que reitera que que la demanda es contra la dirección, no contra los trabajadores del centro. En estos momentos la vivienda está libre de covid, en cambio, prosiguen registrándose fallecimientos entre sus habitantes, que los familiares culpan al covid y a las consecuencias que dejó en los superiores, tanto en los que lo han sufrido como en los que no.

La Fiscalía abrió asimismo una investigación penal en el mes de abril para comprender si existía una situación de peligro para la salud o la vida de los habitantes o de los trabajadores por carecer de medidas frente al coronavirus, y si ha podido darse un posible delito de abandono de los mayores. Incoó diligencias en otros centros residenciales de la provincia pero en todos archivó las causas al no ver indicios de delito. En la Asistida, en cambio, la investigación se sostuvo abierta hasta que los familiares presentaron la querella.

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