La dirección de la residencia de superiores de Garrovillas de Alconétar defiende su tarea durante la pandemia. Ayer prestó declaración la encargada de este centro de jubilados en el Juzgado Número 5 de Cáceres, después de que dos familias de dos individuos fallecidos a lo largo de la primera ola de la crisis sanitaria presentasen una querella criminal por supuestos delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, al no habérsele suministrado a los fallecidos la atención médica precisa ni haberlos movido al hospital a pesar de su estado. El juzgado aceptó a trámite la denuncia al comprender que hay rastros de delito.

Lo primero que hay que hacer ha sido llamar a declarar a la dirección del geriátrico, que afirmó que el Servicio Extremeño de Salud (SES) intervino la residencia frente a la situación donde se encontraba por el número de contagios entre los usuarios. Y que los médicos del hospital de Navas del Madroño, al que forma parte la localidad de Garrovillas, acudían todos los días a la residencia para atender a los enfermos. La declaración, que se realizó a puerta cerrada, duró poco más de una hora, tiempo en el que la dirección respondió a las cuestiones tanto del letrado del SES como de su defensa. Se negó a contestar a las del letrado de la acusación particular, Daniel López, que representa a las familias de los dos habitantes muertos. La investigación judicial proseguirá con la declaración de los médicos que se encargaron de atender la vivienda, que será necesitada por la acusación particular.

A lo largo de la primera ola de la pandemia el centro de superiores de Garrovillas fue uno de los más damnificados de la región, donde fallecieron 30 usuarios a raíz del coronavirus y se infectaron prácticamente todos los superiores. Ante esta situación, la Fiscalía Provincial de Cáceres abrió diligencias de investigación para esclarecer si podía existir algún género de delito en la administración. Tras visitar las instalaciones y entrevistarse con los causantes concluyó que no existía ni desatención ni desprotección a los superiores. Y archivó la causa.

En cambio estas dos familias entienden que sí hubo negligencias. En la situacion de uno su hija verificó que empezó con síntomas a primeros de marzo. Insistió a fin de que fuera valorado por un médico, mas esa visita nunca llegó, según se recopila en la demanda. Su estado empeoró y comenzó con fiebre; por otro lado desde la residencia decían a los familiares que era un resfriado y que así estaban muchos de los superiores. A los días fue traslado al hospital por una caída mas, a pesar de sus síntomas, no se le realizó prueba alguna. El 22 de marzo, frente a la persistencia de fiebre, se comunica a la familia que se le iba a realizar la prueba del coronavirus. No llegó a los desenlaces porque falleció a los tres días. Después se conoció que había dado positivo.

Por su parte, el otro querellante demanda que se le comunicó el 23 de marzo que su madre había dado positivo, que estaba tranquila pero que no comía ni tomaba. Falleció a los seis días «sin ponerle no un gotero», según indica en la demanda que ha anunciado.

La situacion está aún en fase de instrucción, donde el juzgado se encarga de investigar los hechos para decidir si existen rastros reales de delito. De ser así, se abriría un juicio oral contra esta residencia de ancianos.

El juzgado también investiga lo ocurrido en la vivienda Asistida

Los juzgados de Cáceres además investigan lo ocurrido durante la primera ola de la pandemia en la vivienda El Cuartillo de Cáceres, popular como la Asistida. En un caso así fueron 40 las familias que interpusieron una querella criminal contra el centro de mayores, al que culpan de un presunto delito de homicidio por imprudencia por las muertes registradas entre marzo y mayo, a lo largo de la crisis sanitaria. Cabe recordar que en este geriátrico, el de más grande aptitud de toda la región (tiene 320 plazas), se infectó cerca del 80% de los residentes (también se contagiaron trabajadores) y 75 fallecieron. El juzgado ahora ha pedido abundante documentación tanto a la vivienda como al Sepad, como son los certificados de defunción y médicos de los habitantes afectados; además de los protocolos que se siguieron para evitar la propagación del virus. El próximo paso será la toma de declaración de la directora del centro, que va a tener lugar el próximo 16 de diciembre.






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