El sector de las antiguas cajas de ahorro pagó 2.610 millones de euros en tributos y contribuciones a la Seguridad Popular el año pasado, un 4% más que en el 2018. Ello supone que el 43% de su resultado antes de impuestos del 2019 fue a parar a las arcas públicas. El porcentaje representa un incremento de cinco puntos respecto al ejercicio previo, lo que responde tanto a una caída del beneficio como a un incremento de la imposición total provocado primordialmente por la decisión del Gobierno de que el área financiero y no el cliente asumiese el impuesto de actos jurídicos documentados de las hipotecas.

Si a su contribución social y fiscal total se le suman los 877 millones que las diez entidades aportaron en el fondo español de garantía de depósitos (632 millones), al fondo europeo de reestructuración de entidades con inconvenientes (228 millones) y al mecanismo europeo de supervisión (16 millones), el tipo impositivo total ascendería al 50% del resultado antes de impuestos. «Ser una entidad de crédito hoy es caro. Alzar la persiana cada mañana piensa que te vas a dejar al menos la mitad de tu resultado», ha lamentado este jueves Juan de Villota, director de la asesoría fiscal de la patronal sectorial CECA, encabezada por Isidre Fainé.

MENOS POR SOCIEDADES

La organización, en la que están integradas CaixaBank y Bankia, lleva 4 años realizando una investigación sobre la contribución de sus socios a las arcas públicas para demostrar que el «impuesto de sociedades no lo es todo». Este tributo, que graba el beneficio de las compañías, les forzó a abonar 283 millones el año pasado, un 42% y 209 millones menos que en el 2018, debido a la caída de sus resultados y al incremento de las devoluciones de cantidades abonadas de más en los ejercicios anteriores.

El tipo efectivo de este tributo para el sector fue del 23% sobre la base imponible (el nominal es del 30%, cinco puntos más que al resto de compañias, mas se le descuentan deducciones fiscales y derechos al menor pago por pérdidas pasadas) y de solo el 7% del resultado contable (ya que este recopila el beneficio de participadas y filiales en el extranjero que ahora pagaron el impuesto de sociedades en su origen y por lo tanto no lo vuelven a abonar).

MÁS CONTRIBUCIONES, MENOS EMPLEO

La primordial contribución directa del área son las aportaciones a la Seguridad Popular. El año pasado ascendieron a 991 millones, con un alza del 2% que se debió a que la reducción de la plantilla (un 2,5% y 1.761 usados, hasta los 68.349) se vio compensada a estos efectos por el aumentado del 7% en los encuentres de las contribuciones sociales. El sector tiene además varios tributos propios: el IVA permitido no recuperable (630 millones, 4,4% más), el impuesto del 0,03% sobre los depósitos (154 millones, 2,6% más) y el nuevo impuesto de las hipotecas (302 millones, que para todo el sector financiero piensa cerca de 600 millones). A ello se aúnan otros 232 millones (-11,7%) en otros tributos autonómicos y municipales.

El informe incluye además los impuestos recaudados (aquellos que son retenidos o bien repercutidos por las entidades a terceros a favor de las arcas públicas), que se ubicaron en 2.393 millones de euros el año pasado, un 4% menos que en el 2018. De Villota, por otra parte, ha estimado que la contribución fiscal directa del área este año va a seguir estando bastante permanente, más allá de la previsible caída del beneficio como consecuencia de la pandemia, lo que hará que el peso de los tributos sobre el resultado crezca «muchísimo».






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