Las comunidades autónomas deberán reportar, con carácter mensual, al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Iglesias, sobre las medidas sociales adoptadas en las situaciones de suspensión de desahucios de familias atacables sin opción habitacional.

Estos informes mensuales deberán especificar «las comunicaciones recibidas, los reportes emitidos, el período de emisión de estos y las medidas sociales adoptadas», para lo que Iglesias aprobará por orden del ministerio un «modelo» de transmisión de esa información, según el real decreto-ley de medidas urgentes para hacer en frente de las situaciones de vulnerabilidad popular y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes» que publica el BOE.

Efectividad de las medidas

Su objetivo es «comprender y considerar la eficacia de las medidas proposiciones por los servicios sociales para atender las ocasiones de puerta de inseguridad» de los desahuciados.

Desde el instante en que los servicios sociales reciben del juzgado la documentación del caso, disponen de 10 días para valorar la situación de vulnerabilidad del arrendatario y, en su caso, también del arrendador, e identificar las medidas a utilizar por la administración competente.

En otra disposición agregada, el decreto-ley que suspende los desahucios durante el estado de alarma establece que en el plazo máximo de un mes el Gobierno aprobará las medidas necesarias para que las comunidades autónomas logren usar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de llevar a cabo en frente de las compensaciones que podrán reclamar los propietarios de viviendas afectados. Incentiva la ocupación

Precisamente, los enormes propietarios no ven con positivos puntos de vistas el decreto. La asociación ASVAL, que asocia a este colectivo, prevé una «oleada de reclamaciones judiciales por compromiso patrimonial y económica del Estado», recalca en una nota llevada a cabo pública como a consecuencia de la aprobación del decreto-ley. «El decreto abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales al Gobierno por responsabilidad familiar, ya que se atenta contra el derecho a la propiedad privada», señala. Además de esto, recalca que Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, puesto que el propietario no va a poder garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados. Asimismo se pone bajo riesgo la tutela judicial eficaz.ASVAL insiste en que las medidas «incrementarán los intentos de ocupación de viviendas, tanto a pequeños como a enormes dueños ante la expectativa de que no van a poder ser desahuciados en el transcurso de un periodo de tiempo. Posteriormente, a los jueces les será bien difícil dirimir si esa ocupación se causó antes o después de la entrada en vigor del decreto», aseguran.






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