Los vecinos de las barriadas de Llopis Ivorra y Espíritu Beato afirman que la situación ya es «insostenible». La presencia en la zona de dos institutos de ESO y FP, el IES Javier García Téllez y el IES Al-Qazeres, motiva la presencia en sus calles de varios jóvenes, ciertos con la dañina práctica de fumar substancias estupefacientes a la entrada y salida de clase, y a lo largo de los recreos. Lo hacen en las zonas aledañas a los centros, donde hay pisos bajos y casas de una y 2 plantas en las que el humo se cuela por las ventanas, además de propagarse por las áreas por las que recorren los vecinos. «No se trata de un caso apartado, ni 2, ni tres. Nos quejamos porque la situación parecer verdaderamente preocupante, antes que nada para los propios chavales», lamenta José Antonio Ayuso, presidente vecinal de Llopis Ivorra-Espíritu Beato.

No es un tema nuevo, mas se viene agravando. Tampoco exclusivo de esta zona de la región, «sino más bien de los aledaños de los distintos institutos, según nos reportan, y aquí tenemos dos centros», apunta Ayuso. «Pedimos a las instituciones que intervengan, hay que frenar esto, no se ve lógico permitir un consumo tan continuado cada día. Y charlamos de varios chavales, que es lo que más nos atemoriza», demanda. «Nosotros como vecinos no entramos en la rivalidad de los institutos, pero pensamos que hay que acabar con esa imagen cada día en nuestras calles, y con el trapicheo de sustancia que lleva aparejado», subraya.

Según los residentes, estos jóvenes, varios de ellos menores, comienzan a fumar más que nada marihuana y hachís antes de ingresar por la mañana a clase, inclusive antes que amanezca. «No te imaginas lo que es que se te pongan en la ventana o en el portal a las 7.45. Después vuelven en el recreo. En ocasiones dejan las sustancias escondidas en los buzones de propaganda para no meterlas en las salas. Es nocivo para los mayores, un mal ejemplo para los niños y un consumo muy peligrosos para los chavales, solo hay que ver cómo se les ponen los ojos», describe el presidente vecinal. Hay zonas como el parque de Maltravieso «donde da temor lo que se forma allí todos los días».

El inconveniente es que ya no se consume a escondidas, sino más bien en plena calle, y en el momento en que los vecinos les piden que se retiren a zonas más alejadas no acostumbran llevar a cabo caso. Algunos se ríen, otros se combaten. «Me pasó en lo personal. Vivo en un bajo pegado a la acera y me entra el humo desde primera hora, me huele toda la casa, porque son pandillas de ocho y diez chavales. He salido  muchas veces a llamarles la atención, y de ahí que un día hace poco me han arrancando el desagüe del aire acondicionado y han comenzado a ofrecer golpes a la ventana. He tenido que denunciarlo», relata José Antonio Ayuso.

Las consecuencias

Otro inquilino del Espíritu Santo les solicitó que se fuesen a fumar a otro lugar porque tenía los nietos en casa. Se halló una pintada en la testera: ‘Salud y drogas’. Logró eliminar la mitad. Son dos ejemplos de las situaciones que se generan cada mañana. «Es verdad que por la tarde no pasa, quizás porque el alumnado que asiste a esas horas a los institutos es distinto, de otro perfil, de mayor edad… El problema se agrava lamentablemente con los más jóvenes», alerta Ayuso.


Pintada realizada a un vecino que llamó la atención a unos jóvenes.


Por ello, la asociación vecinal Llopis Ivorra-Espíritu Santo ha solicitado asambleas con los causantes de los centros y las asociaciones de progenitores de ambos institutos. «Desde nuestro humilde criterio, hay que tratarlo entre todos, incluyendo el ayuntamiento. Esperamos una respuesta, porque esto no puede continuar ocurriendo a la vuelta de las clases. Son pequeños y nos compete a todos que no acaben como muchos casos que todos conocemos», reflexiona el presidente vecinal.

Desde Llopis piden la misma rotundidad en la actuación que la que se produce en otros barrios en el momento en que se denuncian inconvenientes de convivencia, como la situacion de la plaza de Santiago, donde ya se ha celebrado una mesa de trabajo para emprender la situación de exclusión de varias personas que frecuentan el ámbito. «Aguardamos un trato semejante como vecinos de Cáceres y porque además aquí estamos hablando de inferiores. Como personas  no tenemos la posibilidad de callar lo que vemos, es nuestra obligación denunciarlo», concluye el presidente.

Más presencia policial

Preguntado sobre este consumo recurrente de estupefacientes en las calles de Llopis, próximas a los centros educativos, el portavoz municipal y concejal responsable de Seguridad, Andrés Licerán, comunicó ayer a EL PERIÓDICO que ha abordado el asunto con la asociación de vecinos. Aunque  hablamos de un tema que compete al Cuerpo Nacional de Policía, «personalmente ahora lo he hablado con el Subdelegado del Gobierno, y el jefe de la Policía Local también lo intentó con el comisario para hacer un seguimiento al respecto», desveló Licerán. De hecho, «hemos aumentado  la presencia policial en la región y nos encontramos aprendiendo cómo lo atajamos. Es un inconveniente de educación, de prevención, aunque como es lógico la actuación policial va a ser precisa  mientras que se prosiga produciendo», resaltó.

Los delitos suben

De hecho, los delitos por tráfico de estupefacientes volvieron a incrementar en el último año computado al terminado (2019), con un total de 105 infracciones penales en la provincia de Cáceres. Desde 2015 estos casos no cesan de incrementarse. Ese año se registraron 61, para subir en 2016 hasta 83. En 2017 se causó un rápido descenso a 74, pero en 2018 se comprobó un fuerte alza que alcanzó los 102, y en 2019 los 105.

El Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior desvela además de esto que las detenciones por sustancia se han alto claramente en la provincia, desde los 140 arrestos de 2017 a más de 180 en cada uno de los 2 últimos ejercicios. Resulta alarmante que 10 de los detenidos por comerciar con estupefacientes en Cáceres fueran menores de edad.

Hay hechos que no llegan a considerarse delitos, aunque sí conllevan una multa que regula la denominada ‘Ley Mordaza’. Las drogas produjeron en 2019 el  73% de las sanciones que se interpusieron en Cáceres por medio de esta normativa. Fue la única tipología que subió hasta lograr las 1.927 multas por un valor global de 1.236.477 €. Estas situaciones, que no llegan a los juzgados, contemplan multas que van desde 601 € hasta 30.000 €.






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