Los cuerpos y fuerzas de seguridad ponen una media de mil multas a la semana por incumplir las normas covid en la provincia. Cáceres y Plasencia son las ciudades que más sanciones registran, precisamente por tratarse de los municipios más grandes. En la capital cacerña, por servirnos de un ejemplo, desde el momento en que se decretara el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo se han puesto 2.203 sanciones (según el último apunte facilitado por el ayuntamiento), de las que más de la mitad (1.200) se tramitaron por desobediencia o bien resistencia a la autoridad durante el confinamiento. Además, se pusieron 544 denuncias por no llevar la mascarilla o hacer un mal uso de y 140 por transitar por la vía pública sin justificación entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

El diputado del área de Recaudación, Javier Díaz Cieza, ofreció ayer las cantidades de demandas en la provincia tras aprobarse un convenio con la Consejería de Sanidad a través del que la diputación administrará las sanciones impuestas por ¡incumplir a las normas sanitarias. La Junta de Extremadura ha encomendado esta tarea a ámbas diputaciones (tanto la de Cáceres como la de Badajoz) para poder hacer frente a las denuncias presentadas desde el momento en que se declaró el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, que todavía no se pudieron cobrar exactamente por la sepa de un sistema que se encargase de su tramitación.

De ahora en adelante va a ser el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) el que se encargue de pasar al cobro estas multas. El servicio será más económico que el de la gestión de las sanciones de tráfico precisamente por el alto volumen de denuncias que se ponen en cortos periodos de tiempo. Esto fue lo que llevó al Partido Popular a abstenerse en la aprobación de la firma del convenio, porque estiman que hay un trato de favor hacia la Junta de Extremadura.

Más allá de que se ponen multas a diario, el representante de la diputación, Álvaro Sánchez Cotrina, aclaró que, por lo general «la ciudadanía está respondiendo con respeto». Y a peló a la responsabilidad en estas fiestas navideñas: «pido prudencia a los ciudadanos y paciencia a la hostelería, que son los que más están tolerando», ha dicho.

Este fue uno de los puntos del día que se discutió ayer en la última sesión plenaria del año. Se celebró de manera telemática debido al positivo del vicepresidente segundo, Alfonso Beltrán, que ha obligado también a sostener en cuarentena hasta el 28 de diciembre a la vicepresidenta tercera, Isabel Ruíz, y al portavoz, Álvaro Sánchez Cotrina, por ser considerados contactos estrechos.

Por otra parte, por mayoría (con los votos en pos de PSOE y Ciudadanos y en contra de PP) salió adelante la operación de crédito por la que la diputación solicitará 30 millones a los bancos para llevar a cabo en frente de los efectos de la pandemia. El Plan Reactiva, diseñado para crear empleo y dar un empuje a la economía provincial tras la crisis sanitaria, está dotado con 91 millones de euros, de los que 30 procederán de esta línea de crédito. El representante de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, justificó su voto en contra porque estiman que el endeudamiento no servirá para inversiones poco comúnes derivadas del covid-19, sino que se destina «al gasto diario de la diputación».

Vehículos eléctricos 

Por último,  la institución dio luz verde también (por unanimidad) a la instalación de 44 nuevas electrolineras en la provincia, que se aúnan a las que ya hay en Cáceres (3), Alcántara, Navas del Madroño, Moraleja, Valencia de Alcántara y Valverde del Fresno.

El Plan de Movilidad de Automóviles Electrónicos de la Provincia de Cáceres (Moveca), como se ha denominado a este proyecto, contará con un presupuesto de 600.000 euros y su propósito es impulsar el uso de los turismos eléctricos para poder una provincia más sostenible, según las palabras del representante, Álvaro Sánchez Cotrina. En este sentido, añadió el diputado, se estima llegar a tener un parque de 30.000 automóviles eléctricos (un 10% más de los que hay ahora) y a los 200 puestos públicos de recarga (habrá uno cada 75 kilómetros de carretera). Cáceres se situará tal como una de las primeras provincias españolas en abordar esta problemática.

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