En el momento en que le llamaron para ofrecer clases, se encontraba aislada en casa a raíz del covid. Inmaculada Sanabre Llopis es interina y debía haberse incorporado a la Facultad Laboral de Cáceres justo al inicio de curso, mas el virus se lo impidió y se ha debido enfrentar a una situación que ella describe como «discriminación laboral».

Su relato es el próximo: «Yo debía haber empezado mis clases el 14 de septiembre, mas informé tanto al centro como a la Junta de Extremadura de mi baja laboral debido al covid-19. Según la ley de procedimiento administrativo, yo ese día tomé posesión oficialmente de mi cargo de forma telemática. Aún de este modo, me informaron de que hasta el momento en que no me incorporara a mi puesto laboral no se me daría de alta en las nóminas, aunque sí estaría cotizando y puntuando en mi tiempo de servicio desde el 14 de septiembre. De hecho, entre ese día y el 20 de septiembre yo pude acceder a la plataforma Rayuela, donde tenía incluso asignado horario». Aparte, dice, el 12 de octubre descargó el informe de su historia laboral y «en exactamente el mismo aparecía que desde ese 14 de septiembre estaba dada de alta», subraya.

El 13 de octubre, casi un mes después, por fin recibió el comunicado de su médico de que ya estaba curada, y ese mismo día se incorporó al centro: «No quería llevar a cabo perder más tiempo a mi alumnado, dado que no se asignó ningún sustituto a lo largo de mi baja».

Pero una vez ahora iniciada la actividad, recibió un correo electrónico con su nombramiento en el que se detallaba que su incorporación solo constaba desde el 13 de octubre. También, recibió un mensaje de la Tesorería General de la Seguridad Popular que comunicaba de que su alta con fecha de 14 de septiembre en la Junta de Extremadura había sido eliminada. «Entonces descargué de nuevo mi vida laboral y, efectivamente, en este momento solo aparecía desde el 13 de octubre y no desde el 14 de septiembre».

«Las secuelas -enseña Inmaculada Sanabre- es que no solo pierdo el sueldo del mes de septiembre, sino ahora en el balance global no voy a llegar a los 280 días precisos para puntuar ni cobrar los meses de julio y agosto; me quedo sin el verano por 12 días».

Esta interina ahora ha anunciado un recurso y demanda que se haya anulado una parte de su vida laboral sin haber sido «ni siquiera informada».

Desde la Consejería de Educación y Empleo argumentan haciendo referencia al artículo 20 del decreto de interinos, en el que se especifica de que darse esta circunstancia, se reserva la plaza y se cuenta todo el periodo (desde el llamamiento) solo a efectos de la bolsa; la cotización cuenta únicamente cuando la persona esté ahora inscrita en la Seguridad Social. Añaden igualmente que no es posible que una persona esté cotizando sin recibir salario, como asegura Inmaculada Sanabre que le afirmaron al principio que iba a acontecer.

reitera que que sí le brindaron de alta, así como reflejaba su vida laboral. «Si me hubiera incorporado el día del llamamiento y luego digo que tengo covid, hubiera sido diferente», se lamenta.






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