Es un problema social con cada vez más trascendencia del que Extremadura no está exenta. Las cifras poco tienen que ver con las que registran grandes ciudades como Madrid o Barcelona, pero la ocupación ilegal de viviendas no cesa.

En los seis primeros meses de este año, 52 denuncias por ocupación llegaron a las fuerzas de seguridad en el conjunto de la región, según los últimos datos de criminalidad del Ministerio del Interior. Son 13 menos (20%) que en el mismo periodo del 2019, cuando se produjeron 65 denuncias, y no llega a representar ni el 1% de los casos que se registran en el conjunto del país (7.450 entre enero y junio pasado, un 5,03% más).

De hecho, Extremadura es la quinta comunidad con menos casos denunciados por detrás de Navarra (34 casos en el primer semestre de este año), Cantabria (24), Asturias (20) y La Rioja (6). A la cabeza están Cataluña con más de 3.611 denuncias, Andalucía con 1.183 y Madrid (657). Pero esto son solo estadísticas sobre denuncias que no discriminan cuántas de esas ocupaciones son de casas vacías, sin uso (usurpación) y cuántas son entradas en moradas de propietarios ausentes (allanamiento). Y tampoco reflejan la totalidad del problema de la ocupación ilegal porque no todos los casos llegan a los juzgados.

¿DELITO? / Traspasar una casa usurpada no está descrito como delito. Acaso, apuntan fuentes judiciales, el ocupa es inductor y cooperador necesario de otros delitos: una nueva ocupación y un nuevo fraude al suministro eléctrico. Si no hay allanamiento de morada, el Código Penal considera delito leve la ocupación y la castiga con el desalojo y multa. Las estadísticas judiciales no aclaran si los condenados son en su mayoría personas particulares en estado de necesidad, y no mafias organizadas, ni cuántos de los perjudicados o denunciantes son propietarios particulares, y no fondos millonarios de inversión o sociedades de activos inmobiliarios embargados. Porque la situación no es igual en todos los casos.
Badajoz es una de las ciudades extremeñas más preocupadas por esta práctica. A finales de julio, el concejal del PP Jaime Mejías presentó una moción de su partido que se votará en el pleno del consistorio para instar al Gobierno de España a legislar «urgentemente» contra de los ocupas. Asegura el edil que hay casas ocupadas de forma ilegal en todos los barrios de la ciudad, (destacó denuncias recientes en Valdepasillas), quejas entre los vecinos y que el problema se está incrementado en los últimos meses.

«Tenemos varios edificios ocupados enteros y casos aislados en todas las zonas», dijo. Uno de los barrios pacenses afectados es en Suerte de Saavedra, donde cerca de una decena de familias lleva ya tiempo alojada en las conocidas como viviendas de la Guardia Civil que estaban en desuso. «Son personas que esperan una vivienda social y viendo como se deterioraba un edificio sin uso, se instalaron allí en las navidades de 2017 y ahí siguen. No hay quejas entre los vecinos, la verdad, y durante el confinamiento incluso el ayuntamiento les puso un grifo para que tuvieran acceso a agua», cuenta el presidente de la barriada, Fernando Gonzálvez. La situación es distinta en otros edificios ocupados en los barrios de San Roque, Camino Viejo de San Vicente o La Luneta, donde sí se están registrando quejas de los vecinos. En San Roque un bloque ocupado ilegalmente desde hace más de un año (propiedad de una entidad bancaria) ha sufrido varios incendios. «Y casos aislados hay en todos los barrios», insistió.

INTENTO / En Cáceres no hay edificios completos en esta situación, pero la ocupación también está al acecho. Hace apenas dos semanas se frustró un caso en una vivienda unifamiliar de Mejostilla (de una entidad bancaria) gracias a unos vecinos que presenciaron el momento justo en el que estaban intentando cambiar la cerradura a la vivienda. Y fue también la presión vecinal, con caceroladas incluidas, la que hace un año echó a varias familias ocupas de dos unifamiliares pertenecientes a una constructora en otra zona próxima, en Cáceres el Viejo. El alcalde cacereño dijo entonces que iba a ser «inflexible ante la ocupación ilegal de viviendas en la ciudad, y a poner todos los medios al alcance contra los profesionales de la ocupación, mafias que nada tienen que ver con la ciudadanía cacereña, e insta a que si alguien tiene verdaderos problemas para acceder a una vivienda que se ponga en contacto con los Servicios Sociales del ayuntamiento».

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cáceres, Francisco Marroquín señala que la ocupación ilegal es un asunto que genera preocupación entre los propietarios de viviendas, aunque los casos de entradas en inmuebles particulares es mínima en Extremadura «principalmente porque la segunda residencia es bastante más limitada que en otras zonas. Pero la preocupación siempre existe, el mal se extiende rápido, pero esperamos que no llegue a darse la situación que se da en otros punto».


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