«El verano que viene empezará a ser habitual la utilización del 5G», según augura el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Roberto Sánchez, en una entrevista. «Como pasa con todas y cada una de las nuevas tecnologías se comenzará por los productos más Premium y de clase alta, hasta alcanzar al resto», añade sobre la llegada de una nueva generación de telefonía móvil que «va a ser muy disruptiva en el campo industrial y empresarial, igual que el 4G lo fue en las comunicaciones entre personas».

Para comprender «de qué manera puede el 5G ayudar a transformar los modelos de producción», el Gobierno ha puesto en marcha distintos pilotos con cien tipos de aplicaciones distintas y que van desde la sanidad –manejar un quirófano por un cirujano a 500 kilómetros-, al medioambiente -vigilancia de incendios y temas forestales-, la agricultura –para mejorar el control de explotación— o bien los automóviles autónomos. Estas pruebas van a ser «el gran aprendizaje para los despliegues comerciales y los usos comunes» que van a llegar desde el verano que viene, según Sánchez. «Si no hubiese existido la pandemia, estas Navidades hubiéramos tenido campañas masivas de 5G», añade.

El Gobierno prevé asignar 2.350 millones de euros hasta 2025 para impulsar el despliegue de esta tecnología y 2.000 millones para hacer mejor la conectividad y llegar al 100% de la población con banda ancha. En suma, cerca de 4.350 millones, de los que 3.500 millones van a venir en los próximos tres años de los fondos europeos.

Subastas

El 5G en España a nivel comercial empezó con Vodafone hace un año y se ha extendido en los últimos meses con anuncios de Telefónica, Orange y MásMóvil. Pero el gran despliegue se generará desde la subasta de la banda de 700 megahercios (MHz) prevista para el primer período de tres meses de 2021, sin propósito recaudatorio, según aclara Sánchez. «Las subastas en España nunca tuvieron afán recaudatorio, ahora tampoco», advierte. El secretario de Estado se expone siendo consciente de la polémica generada entre compañias y sindicatos por los 2.075 millones de euros de ingresos pintados en los presupuestos de 2021, mas asegura que esa cantidad «no corresponde solo a la subasta, sino que incorpora alguna otra cosa, y más que nada, es una estimación de los capital que se podrían llegar a alcanzar». «El precio final es dependiente de los operadores, eso lo saben muy bien», agrega.  

Telecomunicaciones

“Queremos poner mecanismos que lleven a los operadores a tener interés en desplegar la red lo más rápido viable porque la existencia de la red acelerará esas apps de las que hablábamos”, muestra Sánchez. Una manera de fomentar ese despliegue será reduciendo de forma temporal (2021, 2022 y 2023) la tasa de reserva de espectro [400 millones de euros en total en 2018, según DigitalES] basado en los objetivos de cobertura en poblaciones de aproximadamente habitantes. Una reducción que “será sustentada económicamente con los fondos de europa, en lugar de mediante la hacienda pública”. Las considerables operadoras de telecomunicaciones se quejan de las múltiples tasas a las que deben hacer frente, entre la de RTVE, mas de momento el Gobierno no se expone eliminarla. “Está en estudio y proseguirá en estudio. No es algo que hayamos desechado completamente pero no hay una previsión concreta porque implica modificar la Ley de Financiación de RTVE y, en este momento, no nos encontramos en ese punto”, enseña Sánchez. 

Ciberseguridad

La ciberseguridad va a ser especialmente importante en el despliegue del 5G al haber «varios sistemas en los que no va a haber intervención humana». «Van a ser máquinas operando entre sí y no nos podemos dejar que sean hackeadas», avisa Sánchez. «En un vehículo circulando por la carretera en conducción autónoma, una puerta de inseguridad supone un accidente. Un cirujano que opere una retina con el sistema Da Vinci, si tiene una interferencia, el resultado puede ser catastrófico para el tolerante», añade. Por ello, el Ejecutivo prevé presentar a audiencia pública en algunas semanas el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, en el que se fijan una serie de reglas generales. «No etiquetamos a nadie sino que fijamos una secuencia de reglas generales y si algún operador o bien fabricante no las cumple, no podrá desplegar red en España», asegura al ser preguntado por un posible veto al desarrollador chino Huawei

Brecha digital

En España hay tres tipos de brechas digitales, en opinión de Sánchez. La territorial (hay zonas en el territorio en las que no hay banda ancha), la de la asequibilidad (puedo tener banda ancha pero no tengo dinero para pagarla) y la de la alfabetización (puedo tener recursos pero me faltan las capacidades básicas primordiales). “El plan de conectividad trata de atender a las tres”, asegura. La territorial al establecer la misión de lograr el 100% de la población con banda ancha ultrarápida en 2025, porque más allá de que somos el país «más avanzado» en despliegue de fibra óptica, el elevado coste y los tiempos de despliegue provocan que no se llegue al 100% de la población. «Si en el momento en que comenzamos, el despliegue costaba 60 euros por hogar, en el último plan costaba 440 euros por hogar. Cada vez es más costoso porque es población más desperdigada y esparcida», enseña Sánchez. Pero “asimismo algo de las otras dos (brechas) por medio de bonos de conectividad [una especie de bonos para pagar la factura]” con un foco especial «en el ámbito de la teleeducación, es decir, que no logre haber niños que no logren recibir la actividad educativa por carecer de elementos, y en el ámbito de las pymes para contribuir a la micropyme a que el pago de la conexión no suponga una barrera para ingresar a formar parte de la transformación digital».






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