Quince días. Es el término que la corporación en pleno le ha dado al gobierno local para desarrollar un plan de contingencia que agilice el servicio ciudadano en servicios como registro, asuntos sociales o licencias. Se puede cumplir, pero se verá si lo que se decide es efectivo o no porque lo pactado está condicionado por la normativa para reducir la incidencia del coronavirus y evitar nuevos contagios, por la mesa de negociación, por el comité de seguridad y Salud. ..

Este mandato del pleno significa sobre todo que el alcalde, Luis Salaya, y su gobierno han puesto de acuerdo a toda la oposición en contra de su gestión en materia de personal, que no es poco y no es tan sencillo. La oposición le ha dicho que no solo siga intentando buscar una solución, sino que también cambie de rumbo en la reorganización de la plantilla municipal (más de 600 trabajadores directos y uno de los principales centros de trabajo de la ciudad) de cara a la nueva necesidades que han surgido por el coronavirus.

Esta corporación es más joven que otras, pero también más adulta. No se usa tanto la ley del mínimo esfuerzo, que es para ir sólo al enfrentamiento, ni tampoco los estallidos cercanos al insulto que escucharon en otros términos algunos concejales. Hasta ahora Salaya y su equipo no han sufrido un gran desgaste político, la crisis ha reforzado su papel institucional y ha habido una cierta tregua por parte de la oposición. Pero el jueves en pleno sí le dieron un ‘manotazo’ por los retrasos y las listas de espera en la atención al ciudadano en las citas anteriores. Esto no es algo exclusivo del ayuntamiento, pero la diferencia es que el ayuntamiento es la administración más cercana y de la que se espera primero una respuesta.

Lo ocurrido en el pleno del jueves se repetirá más veces, aquí Podemos no está dentro del gobierno. Y cuanto más se acerque la fecha de las elecciones, más veces sucederá. Dependerá de los resultados y de las alianzas que sepan tejer, algo que hasta el jueves el equipo de Salaya ha sabido hacer bien. Nadie dijo que gobernar un ayuntamiento fuera fácil, especialmente en minoría. La Junta está lejos, en Mérida. El Gobierno está aún más lejos, en Madrid. Y la diputación está en Cáceres, pero a veces no se sabe si lo está.

El pleno ha encomendado, también con el voto del propio gobierno, a Salaya y a su concejal de recursos humanos, Andrés Licerán, fortalecer los servicios municipales, incluidos los que atienden nuevas necesidades provocadas por el coronavirus, y reducir el tiempo de espera para ser atendidos. Luego de realizar la cita previa, que según denuncia la oposición supera los 20 días en servicios como el de registro fue un acuerdo sin mucha concreción, no se decide si la presencia, que en algunos servicios es del 50%, se incrementa o cómo la anterior la cita debe reorganizarse para que no haya esperas. La carta deberá ser puesta por el gobierno y vendrá de los órganos en los que, además de los grupos políticos, se encuentran los representantes de los trabajadores y del servicio de prevención de riesgos laborales.

Quince días no es mucho tiempo, es menos de los cuatro años que dura la legislatura. La clave será saber cuántos mandatos más de quince días le dará la oposición a Salaya por este y otros temas y sobre todo cuántas veces Salaya y su gobierno unirán a la oposición en su contra o en su favor.


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