A Luis Salaya y a su equipo de gobierno le costó cuadrar el presupuesto de 2020, una previsión de ingresos de última hora, los impuestos y canon que tienen que abonar las compañías por la instalación de plantas fotovoltaicas, dejó presupuestar capital suficientes para atender los costos corrientes. Si en 2020 fue difícil, para 2021 se presenta como algo aún más difícil y la prueba es que a 11 de diciembre no se sabía nada de la previsión de las cuentas para el ejercicio siguiente, cuando en años anteriores ahora se habían debatido en la comisión informativa de Economía.

El ayuntamiento tiene unos costos fijos: personal, los servicios públicos y la amortización de la deuda. La única virtud de cara a 2021 es que el tercero está en sus escenarios más bajos de las últimas décadas porque se fué utilizando el remanente de tesorería de los años precedentes para ir liquidando gran parte de la deuda que se tiene con los bancos. Pero los otros costos, tanto personal como los servicios públicos y las transacciones de fondos que se hacen para prestaciones como las sociales, han incrementado.

En el momento en que se elabora el presupuesto, el municipio debe garantizar que esos gastos fijos y corrientes están cubiertos y únicamente puede llevarlo a cabo con sus impuestos y tasas y con las aportaciones de fondos que trasfiere el Estado por la cesión de una parte de lo que colecta en el concejo de impuestos que son estatales y por un fondo complementario de financiación.

El inconveniente para 2021 es que esos costos fijos van a ser superiores y los ingresos van a decrecer. Bajarán primero porque de impuestos y tasas se marcha a recaudar menos, no ya solo porque las clases impositivos no se hayan cambiado -en este momento no toca subir impuestos y se han eliminado tasas como la de terrazas para ayudar a un sector como el de la hostelería de los más damnificados por la crisis-, sino porque además de esto hay impuestos como el de Plusvalía que han quedado en algo residual. Y segundo bajarán porque la previsión de la aportación de fondos que hará el Estado para 2021 será menor. La Intervención del municipio lo advierte en uno de sus últimos informes, en el que dice que estos fondos sufrirán «una reducción destacable» respecto al 2020.

Y para el año próximo, de momento, no hay previsiones de más ingresos por parte de las compañías promotoras de plantas fotovoltaicas. Aunque existen varios proyectos en tramitación, la Intervención (servicios económicos del ayuntamiento) asegura en su informe sobre la modificación del contrato de los autobuses que «no se marcha a contar con esos ingresos» extraordinarios del impuesto de Construcciones por las fotovoltaicas, un informe en el que se recuerda que un gasto fijo (la subvención al transporte público) se acrecentará en 2021 en un millón de euros después de un lustro en el que se había contenido ese déficit cerca de los tres millones.

Y para los gastos fijos no se puede recurrir a operaciones de crédito. La deuda con entidades financieras es para afrontar inversiones. En la previo crisis sí se hicieron salvedades por el Ministerio de Hacienda para atender la deuda con acreedores, tanto de inversiones como de costos corrientes.

Con este panorama, a Salaya solo le queda cuadrar el círculo del presupuesto de 2021.






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