Han sido seis las alegaciones que se han anunciado en el proceso de información pública, tras la aprobación inicial por el pleno del ayuntamiento de la modificación puntual de ordenación estructural M-OE-1/2020 del Plan General Urbano de Badajoz, para proceder al cambio uso iniciado sobre una parcela de 10.765 m2, en la Unidad de Actuación (UA)-9.01, de tipología EA/IV/EHH-EHB, de empleo hotelero y de restauración, coincidente con sanitario, de 21.530 metros cuadrados de superficie máxima edificable y modificable el 30%, 6.459, con empleo hospitalario, que podría llegar al 50% a criterio municipal, anteriores justificaciones.

Según fuentes de 2 de los alegantes, los dos como asociados de la Sociedad Clínica Extremeña de Salud, dueña del hospital cuya administración está conveniada con Ribera Salud, si bien las alegaciones no son del conjunto sanitario, sino a título personal y empresarial, son una de Javier Fernández-Arbaizagoitia Calero, administrador de la sociedad Sagarmina Gas S. L., y otra del presidente de la sociedad propietaria del hospital (SCES), Rafael Álvarez Buiza, quien pregunta «¿Por qué empieza el ayuntamiento el desarrollo de trabajo, sin que haya una demanda concreta, y solo para uso sanitario?».

La Concejalía de Urbanismo, preguntada por las alegaciones, respondió: «Está –el desarrollo– en aprobación inicial», sin dar ningún dato.

Las alegaciones cuestionan por un lado que se destine la parcela solo a uso sanitario, en el momento en que pueden tener interés para otras compañias de la región, de distintos campos; que la modificación «vulnera el principio de igualdad», y además de esto, que «no responde al interés general».

Según el letrado Fernando Carmona, asesor legal y secretario del consejo de SCES, «de entrada se observa que en el planteamiento falta una motivación detallada de la iniciativa; lo exige la ley; pues realmente lo que se ha presentado es una mera formalidad». Asegura que «no hay un estudio de aspecto estricto, ¿por qué razón? Porque está hecho ad hoc, dirigido a un del sol concreto en el que se quiere establecer un hospital en una región de gran consistencia de tráfico y servicios que tiene a la ciudad asfixiada».

Añade el letrado que la localidad está partida por el río y «poseemos el número de puentes que tenemos; cambiar un terreno de uso, de hostelero a sanitario, con lo que significa trasladar allí otro hospital; van a estar el Universitario, Clínica Extremeña, el nuevo, todos menos el Perpetuo Socorro en exactamente la misma región; condensará más el tráfico en la región y en los puentes». Y señala que está la zona residencial, el Nevero, la universidad, el hospital, Clínica Extremeña y Caya, por lo cual ese cambio habría de estar detallado y animado de forma intensa y con propuesta de resoluciones, pero no aparecen, no un análisis».

El letrado indica que «entiendo que hay una falta de motivación tremenda y en esa línea, uno se pregunta por qué únicamente el uso a cambio sanitario y no deportivo, hostelero o cultural? Parece que se rompe el principio de igualdad que debe presidir el tratamiento».

Partiendo de esas 2 medites, añade, «en torno a la motivación del cambio, uno acaba concluyendo, porque además de esto nuestra memoria presentada lo pone como ejemplo, el solar del antiguo Dardy’s, después Murano, y el interés del grupo Quirón en establecerse allí, uno entiende que es una modificación a la carta. Y otras circunstancias, si uno examina la relación de solares susceptibles de modificación, ninguno se marcha a cambiar, porque todos tienen usos afianzados y solo ese es susceptible de cambio porque está cerrado». Por ello, asegura, «la conclusión es que no responde al interés general, sino al interés de un propietario de un del sol y de quien desea disponer allí un nuevo centro hospitalario. Eso argumentan las alegaciones».

Además, «por lo que sé, el resto tocan puntos de la modificación y la separación del principio de igualdad, por qué para unas cosas sí y para otras no», dice Carmona.
La situación actual de esa modificación puntual del Plan General, que fue aprobada de manera provisional, es la de que están en estudio por parte de los técnicos, que deberán informarlas, a favor o en contra, y para ello no tienen un plazo predeterminado.

Los técnicos que las examinan tendrán que pronunciarse para llevarlas a la Comisión de Urbanismo, donde se aprobarán o rechazarán y la iniciativa volverá a pleno, para aprobación definitiva, o no; y en el momento en que la vote la empresa, se remitirá a la Comisión Regional de Urbanismo de la Junta.






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