La Audiencia de Badajoz suspendió ayer un juicio contra la empresaria portuguesa, A. M. F. acusada de defraudar 6,8 millones de euros del IVA a la Hacienda Pública española, entre 2005 y 2011, por falsedad reportaje y blanqueo de capitales, así como contra su madre, M. Y también. F., por blanqueo, y contra A. P. U. A., por delito contra la Hacienda pública como responsable de la empresa Negóbiter, establecida en Vitoria y experta en administración tributaria, para todos los que la Fiscalía solicita 23, 14 y 6 años de prisión, respectivamente.

El presidente de la Sala suspendió la visión tras la exposición de cuestiones anteriores tras proponer letrados de la defensa que la causa debe juzgarla la Audiencia Nacional. Además cuestiones de dilaciones incorrectas, prescripción, posible nulidad y se solicitó la admisión de nuevas pruebas.
Suspendió el presidente de la Sala la vista para estudiar dichas cuestiones, que solicitó que se muestren por escrito en el plazo de una semana, así como la viable celebración del juicio en la primera quincena de febrero del 2021.

LOS HECHOS / Los hechos, según la Fiscalía, consistieron en que A. M. F. ciudadana portuguesa, a través de sociedades que controlaba en Portugal –A. M. Higiene e Limpeza, Sociedade Unipessoal Lda, interalbsa Lda. y Estruturalba Lda., «solicitó y consiguió mendazmente de la Hacienda española devoluciones por IVA soportado por sujetos no establecidos en territorio nacional, a lo largo de los ejercicios de 2005 a 2011, por un montante de 8.805.875,31 euros».

Según el fiscal, «a tales objetivos ilegales produjo facturas falsas por compras o supuestos servicios prestados en España por sus compañias, y usando membretes y nombres comerciales de hasta tres compañias españolas, del sector de alimentación. Más allá de que, «ninguna de estas reconoce la emisión y conceptos de estas facturas».

De esta forma, en el ejercicio 2011, «se solicitaron devoluciones del IVA a empresarios no establecidos en territorio nacional, por 663.523,20 euros, no ordenando la Agencia Tributaria dichas ilegales devoluciones merced a las indagaciones de la ONIF, Fiscalía y Juzgado».

Aunque la normativa que regía esa devoluciones exonera a los sujetos pasivos establecidos en otro Estado miembro de la Unión Europea –como la situacion de las empresas de la acusada– de la obligación de denominar un gerente en España, y también siendo viable desde el 1 de enero de 2010 la presentación de solicitudes de devolución por vía telemática, «para gestionar dichas mendaces peticiones y devoluciones A. M. F. contó en todos los casos, y exclusivamente, con la cooperación de la compañía Negóbister S. L., establecida en Vitoria y especializada en esta clase de gestiones».

La dirección de esa empresa en ese periodo la ejercitó el acusado A. P. O bien. A., «consiguiendo para su empresa 533.735,60 euros en comisiones entre 2005 y 2011, en relación a las citadas empresas controladas por A. M. F.». Y hasta finales de 2008, «Negóbister anticipó a la coacusada los importes de dichas devoluciones, y no obstante las actuaciones de comprobación tributaria llevadas a cabo por la hacienda Foral vasca y los requerimientos de la Administración tributaria en 2010 y 2011 acerca de las compañías de A. M. F., mantuvo el mecanismo de solicitudes y devoluciones ilícitas de IVA».

Así mismo, según la Fiscalía, A. M. F. empleó las proporciones «ilícitamente obtenidas en la adquisición de maravillas artísticas y moblaje en Portugal, y para el emprendimiento de construcción de un lujoso chalet en Sao Pedro e Sao Tiago, inmueble que para ocultar el ilícito origen de financiación puso –con conocimiento de esto y consentimiento de parte de ésta– a nombre de su madre, la además acusada M. E. F., la cual colaboró con su hija en la ocultación y transmisión de las proporciones a la hacienda española».

Cabe acordarse que A. M. F. estuvo en prisión de diciembre de 2011 a diciembre de 2013.






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