En octubre del 2014 presentó una aprobación para que se le concediera la nacionalidad de españa. Es ecuatoriana y vivía en Barna, donde llevaba empadronada desde 2004. Tenía además permiso de vivienda de larga duración con autorización para trabajar y contrato laboral de duración indefinida como usada del hogar. La mujer carecía también de antecedentes penales.

Como requiere cualquier proceso de esta índole, fue doblegada a un examen para revisar el nivel de adaptación a la civilización y al estilo de vida españoles. La audiencia se lleva a cabo ante el juez solicitado del correspondiente registro civil. Y aquí fue donde falló. Según se recoge en una sentencia de la Audiencia Nacional, se le elaboraron diez cuestiones sobre la organización, cultura, actualidad y geografía españolas y no acertó ninguna (a cinco de ni siquiera respondió). Exactamente la segunda de esas cuestiones hacía referencia a la localidad de Cáceres. En concreto se le preguntó exactamente en qué comunidades autónomas estaban Ourense, Cáceres y Toledo y respondió que las tres se situaban en Valencia. Tampoco sabía qué tres zonas limitan con Francia, si se acentúan todas y cada una de las palabras esdrújulas, de qué forma es la organización territorial de España o bien de qué manera se llamaba el presidente del Gobierno de entonces.

Derechos políticos

Recurrió la resolución a la Audiencia Nacional, que asegura la denegación. El fallo recuerda que el ejercicio de los derechos políticos que transporta consigo la obtención de la nacionalidad «trasciende de lo que es sencillamente desenvolverse en una vida profesional, económica y familiar en España, puesto que transforma al peticionario en ciudadano español; lo que supone que consigue el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes, y a entrar en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos». Por ello, la Audiencia Nacional considera «irrelevante» que haya acreditado buenas relaciones sociales o la sepa de incidentes porque «no acreditan el suficiente nivel de integración».

La denegación de la nacionalidad de españa no implica que la persona no pueda residir en el territorio nacional, derecho del que podrá proseguir disfrutando.






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