La pandemia está aguzando los problemas económicos de las familias. Uno de cada cuatro consumidores no puede enfrentar un gasto no sosprechado de más de 700 euros, según estudio de la organización Adicae. El 25,8% de los consumidores reconocen la imposibilidad de enfrentar un pago imprevisto de más de esa cantidad debido a la crisis económica marcada por el covid-19. Del 13,9% de los clientes que han retrasado el pago de bienes básicos este año, la mitad tienen empleo. Para evadir situaciones de endeudamiento, el 14% de los encuestados ha recurrido a créditos veloces, un número mayor a la que eligió por pedir asiste para familiares (13,9%).

La primera conclusión de estos datos es que tener un trabajo no es para la mayoría una salvaguarda de bienestar económico. Y para colmo de situaciones de tensión económica, una tercer parte de los individuos se han sentido engañados en el 2020 por entidades que prestan servicios financieros. Frecuenta afirmarse que aquello que diferencia a ricos y pobres es que los primeros ahorran y tienden a diversificar las fuentes de ingresos. La dependencia de un solo pagador implica riesgos.

El estudio «Criterio y causas del consumidor vulnerable en servicios financieros, energía y telecomunicaciones» elaborado por Adicae, basado en las respuestas de más de 500 consumidores dibuja un panorama poco halagador para una extensa capa de la población. Adicae advierte de que los datos de la encuesta sobre los consumidores indican que tener trabajo ya no impide ingresar en una situación de riesgo de pobreza. El 48,7% de los clientes que se han visto incapaces de evitar un retardo en el pago de bienes básicos tiene empleo.

Según datos del estudio, las reclamaciones por parte de los consumidores es una asignatura pendiente en España, puesto que el 50,9% tuvo en el último año una circunstancia para llevar a cabo una reclamación en el momento de realizar una compra o bien recibir un servicio. En tanto, de las compras realizadas por internet, los encuestados señalan que en el 17,5% de las oportunidades no han tenido respuesta a sus reclamaciones.

En relación a ayudas sociales en distintas ámbitos (Ingreso Mínimo Escencial, cuenta básica, bono social eléctrico, etc.), el estudio de Adicae destaca el sustancial número de ayudas denegadas en comparación con las concedidas. Un 4,6% de los encuestados declara que su solicitud de moratoria de préstamos fue denegada frente a un 4% que fue concedida, en tanto que, en cuanto a la Ley de Segunda Oportunidad, a un 4,2% de los participantes le fue rechazada la aprobación en frente de un 1% concedida y un 6,5% de peticiones denegadas por el bono social eléctrico en frente de un 8,9% concedido. El 4,6% de la solicitudes de los encuestados del ingreso mínimo vital fueron denegadas, frente 2,7% de ayudas concedidas.

Si bien estos diferentes tipos de ayudas establecen distintas requisitos y baremos para saber qué ciudadanos están en una situación de vulnerabilidad, prueba los exigentes requisitos que dejan fuera de estas ayudas a un extenso número de clientes que se consideran atacables. Este estudio forma parte del emprendimiento Clientes y usuarios vulnerables ante los servicios financieros y grandes temas del consumo, subvencionado por el Ministerio de Consumo, para lograr una definición o criterio de cliente vulnerable y investigar las diferentes causas de clientes bajo riesgo de exclusión financiera, energética y de telecomunicaciones.






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