El aumento salarial del 2% que los funcionarios tendrán en su nómina a partir de diciembre no es el final del reclamo que las organizaciones sindicales para que se aplique el acuerdo alcanzado con el gobierno central para el período 2018-2020. Lejos de aliviar la tensión, el ofrecimiento de la Junta de Extremadura de aplicar el aumento a los principales conceptos que integran la retribución, el planteamiento de no hacerlo efectivo hasta diciembre y la decisión de frenar la retroactividad por el momento quedando pendiente de que la situación Mejora económica (marcada por la epidemia del covid-19), a las principales organizaciones sindicales no les ha gustado. Todos han anunciado en los últimos días que acudirán a los tribunales y algunos también proponen movilizaciones para mostrar su descontento con el formato y también porque entienden que no se les ha ofrecido la posibilidad de negociar la mejora para los 48.000 funcionarios que dependen de la Junta.

La ministra de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, ya indicó tras la mesa general de negociaciones que el aumento propuesto por la Junta (un aumento del 2% en el salario base, el trienio y el suplemento de destino) fue el mayor esfuerzo que pudieron hacer en el contexto actual; y en la sesión plenaria de la Asamblea el jueves reiteró que antes de fin de año «Todos los empleados públicos verán mejorados sus salarios».

Pero la mejora propuesta es insuficiente para todas las organizaciones sindicales que han reprochado a la Junta la falta de planificación para implementar un aumento salarial previsto desde 2018 y que las distintas comunidades autónomas han hecho efectiva de forma progresiva. Extremadura y Baleares son las únicas regiones que no han trasladado el aumento a las nóminas de sus funcionarios previsto en el Real Decreto Ley 2/2020. Mientras que en Baleares el Gobierno regional decidió el pasado mes de agosto dejarlo sin efecto (de momento), en Extremadura se ha retrasado la entrada en vigor hasta que esta semana la Junta trasladó a la mesa general de negociación la idea de hacerla efectiva. en la nómina de diciembre.

En respuesta, CSIF, UGT y CCOO han anunciado que emprenderán «las acciones legales que consideremos oportunas para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años», según informó el pasado miércoles el portavoz del Área Pública de CCOO, Francisco Jiménez. Un día después, un comunicado conjunto de las organizaciones CSIF y UGT también expresó la intención de reclamar ante los tribunales «la totalidad» del aumento salarial (en todos los activos y no solo en los conceptos básicos) y también la retroactividad del aumento. En este caso, también proponen movilizaciones, a las que invitan al resto de organizaciones sindicales.

El Ministerio de Hacienda «respeta» las decisiones de los representantes sindicales y recuerda que, como afirmó el vicepresidente detrás de la mesa, «estamos abiertos al diálogo y al consenso con los representantes de la mesa general». Insiste además en que la retroactividad no está abolida, sino que «se pagará cuando se alcance el equilibrio presupuestario» y también que «La propuesta implica el máximo esfuerzo posible en las circunstancias generadas por la pandemia».


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